Más de 750 personas privadas de la libertad están alojadas en las comisarías ante el colapso de las Alcaidías Generales y las Unidades Penitenciarias en Salta. 

El relevamiento más preciso lo tiene el distrito norte con sede en Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, en el cual se indicó que al 6 de mayo pasado había "347 detenidos, de los cuales 47 son condenados" en las comisarías de esa jurisdicción, que alcanza también al departamento Rivadavia.

Así lo indica la resolución que emitió el juez de la Sala I del Tribunal de Juicio de la ciudad norteña, Ricardo Martoccia, quien hizo lugar a un hábeas corpus colectivo, presentado por Lorena Babicz, Natalia Pagani, Carlos Saifir y Luis Véliz, todos defensores oficiales penales de Tartagal.

Salta/12 tuvo acceso a la resolución luego de que el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, indicara que los datos surgidos de las inspecciones que realizó este organismo en la ciudad norteña coinciden con lo dispuesto en la resolución de Martoccia, notificada el 12 de mayo pasado.

En un informe que el Comité dio a conocer este viernes, se indica que quienes lo integran realizaron, "una visita de general de monitoreo a la Comisaría N° 42 de Tartagal" y "durante la visita se constató la presencia de 56 personas privadas de su libertad, alojadas en cuatro pequeñas celdas sin distinción de situación procesal (demorados, detenidos, procesados, condenados) y con carácter permanente, siendo que las Comisarías no son instituciones destinadas a albergar a personas más allá de un breve periodo de tiempo". En diálogo con Radio Nacional, Solá añadió que algunas personas que ya tienen sus penas definidas están hace unos dos años cumpliendo prisión en las comisarías. A ello se suma que no les permiten el contacto con hijos e hijas, dado que no hay un lugar destinado a tal fin.

En el comunicado del Comité se añade que "el espacio destinado a las personas privadas de libertad no cuenta con las condiciones mínimas que garanticen un trato digno, ni asegura posibilidad alguna de higiene o seguridad, no tiene baños (se utiliza un pozo común con cámara séptica que se puede usar solo en determinadas horas por día y sin privacidad), tampoco hay duchas, se advierten cucarachas y otros insectos saliendo de las paredes, en general se observa falta de higiene y ventilación, no hay camas y gran parte de la población duerme en el piso sin colchones. No existe posibilidad alguna de actividad recreativa, laboral o educativa; y el régimen de visita es absolumente limitado: 15 minutos por semana de un único familiar. Se alegan además diferentes tipos de malos tratos, los cuales fueron oportunamente denunciados". 

Estos datos del Comité cobran actualidad tras haberse producido el miércoles último la muerte de un hombre que estaba preso desde hace tres meses en la Comisaría de La Merced, en el departamento Cerrillos.

Fuente: Salta 12

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