Tras exponer públicamente al periodista de Salvador Mazza, Raúl Costes,-en este caso ‘’la fuente de información’’, como la persona que le había hecho entrega de audios, capturas de conversaciones vía WhatsApp, copias de anotaciones hechas a mano, todas referidas a la manera de operar de un grupo de empleadxs de ese municipio, entre ellxs la encargada del Puesto de Control, Noelia Arenas, lxs que, supuestamente, negociaban el paso de camiones de gran porte sin que tributaran el anticipo de Actividades Económicas, una tasa que percibe el municipio de frontera y que implica alrededor de 2 millones de pesos de recaudación diaria, el interventor-periodista Adrián Zigarán, descalificó, tanto la información sobre supuestos hechos de corrupción, como a su fuente, el periodista Raúl Costes.

El interventor-periodista, Zigarán, ignora entre muchas otras cosas- que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos- que se sustenta en históricas convenciones, cartas, protocolos, documentos, que estructuran las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos - sostiene la vigencia del resguardo o secreto de las fuentes periodísticas, instituto flagrantemente violado por el funcionario.

Zigarán, publicó en redes sociales, desde la más absoluta irresponsabilidad o en protección de probables intereses políticos y/o económicos, el nombre de su fuente periodística, y todos los datos sobre supuestos delitos contra el erario público, que su fuente le proporcionó. Situando de este modo, al periodista Raúl Costes y su familia, en una situación de extrema vulnerabilidad. Ejercer el periodismo en las fronteras- donde el tráfico de estupefacientes, crímenes por narcotráfico, tráfico y trata de personas para explotación sexual y laboral, delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de niñas mujeres y personas con identidades sexuales y de género diversas, contrabando de bienes y divisas, tráfico de influencias, apropiación ilegal de tierras pertenecientes a pueblos originarios, perpetrados por grupos de poder o mafiosos, configuran la realidad cotidiana- es ejercer un oficio insalubre y de mucho riesgo.

La decisión del interventor del municipio de Salvador Mazza, nos deja más preguntas que respuestas. El ámbito para ventilar datos, documentación sobre posibles delitos, no son las redes sociales, sino la justicia. Mucho más, con los antecedentes de su predecesor Rubén Méndez, imputado en varias causas, entre ellas, malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público. Zigarán dejó muy claro, públicamente, que llegaba a Salvador Mazza como interventor, no ‘’como sheriff’’. Quienes leemos con perspectivas polisémicas, nos preguntamos, ¿qué quiso decir el hoy interventor de Salvador Mazza, cuándo afirmó que su labor se reduciría a cumplir tareas de interventor y no‘’de sheriff’’? El término ‘’sheriff’’’ no existe en el corpus enciclopédico de la Real Academia Española, pero, en atención que el lenguaje es la herramienta que los pueblos usan y modifican para designar sus realidades, el campus virtual establece que sheriff es:

1.-) En los condados de Estados Unidos, representante de la justicia encargado de mantener el orden público y hacer cumplir la ley.

2.-) Representante de la corona en un condado británico que se encarga de mantener el orden y hacer cumplir la ley."en la Edad Media el sheriff era una especie de gobernador estrechamente vinculado a la corona"

Obviamente, Adrián Zigarán no es representante de justicia alguna, ni manifestó intenciones de hacer cumplir la ley. Y, por ejercer funciones designadas por el gobernador, su mandante ( en este caso la ‘’corona’’),Zigarán responde a los mandatos del Poder Ejecutivo antes que a los mandatos, derechos y necesidades del pueblo de Salvador Mazza. Por eso la indiferencia, la irresponsabilidad, de exponer al periodista Raúl Costes y su familia, divulgando datos que debieron permanecer en estrictos márgenes de confidencialidad y ser presentados ante la justicia en tiempo y forma. Restando legitimidad a la labor periodística, en esa manera de proceder.

Si el interventor, dirigente, funcionario, periodista Zigarán, manejara los conocimientos básicos sobre la naturaleza de las fuentes de información, sabría que solo cuando existe la atribución directa, puede mencionarse fuente e información y que NUNCA DEBE MENCIONAR LA FUENTE, cuando la atribución ES CON RESERVAS, caso que comprende a la información proporcionada por el colega Raúl Costes.

Si bien es cierto que en la era de las redes sociales, de uso de dispositivos varios vinculados a internet, se complejiza la reserva de las fuentes de información, es inaceptable que un funcionario- aun cuando no haya sido elegido por el voto popular-desconozca la naturaleza jurídica del secreto de la información periodística.

No desconocemos, los debates de académicos, y juristas que diferencian el ‘’Secreto de la Información Periodística’’ del ‘’Secreto Profesional’’, aunque en algún punto, pueda generarse la intersección.

En el Título V, Delitos contra la libertad, artículo 156, el Código Penal de la Nación Argentina establece ‘’ - Será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa’ ’Mucho para analizar. El caso atípico en que un periodista-de reconocida trayectoria-se convierte en ‘’fuente’’ de un funcionario, quien debió acudir de inmediato a la justicia, pero eligió hacer públicas en sus redes sociales la fuente y la información, que podría ser de interés público.

Al funcionario Adrián Zigarán, le corresponden las implicancias jurídicas,de violación del art. 156 del Código Penal? Creemos que si. Sin justa causa, reveló, e ironizó sobre la información proporcionada por el periodista Raúl Costes. Si causó daño?, evidentemente, si. En representación del gobernador Gustavo Sáenz, Adrián Zigarán dañó el prestigio y la seguridad del colega Costes y toda su familia. Con el agravante que no es la primera vez que Zigarán ataca a trabajadores de prensa.

Desde la Asociación de Periodistas de Salta (APeS) expresamos el más enérgico repudio contra el accionar de Adrián Zigarán, hacemos pública nuestra preocupación y la hacemos extensivas al Gobierno de la Provincia de Salta, quien, evidentemente, sigue sosteniendo a este funcionario con graves antecedentes de ataques reiterados a periodistas de la localidad norteña.

Desde APeS, instamos al Gobernador Gustavo Sáenz a rever el accionar de su funcionario, quien además ostenta el título de periodista, pero en la praxis, lo único que hizo desde que llegó al poder, fue ejercer continuos actos de censura y violencia contra periodistas locales, por lo tanto, es inadmisible que se siga fomentando la cultura de la censura y la violencia contra quienes ejercen el derecho de informar.

Nos inquieta e indigna que, en este período de la administración Gustavo Sáenz Gobernador, las prácticas de censura a la libertad de expresión, negación al derecho de información, violencias reiteradas contra colegas de distintas localidades de la provincia, se hayan profundizado.

Por lo expuesto, y amparadxs por las prescripciones de la Constitución Nacional, tratados internacionales con rango constitucional, decretos y leyes de la Nación, APeS, Asociación de Periodistas de Salta exige:

1.- Cese inmediato del hostigamiento-acoso del interventor del municipio de Salvador Mazza Adrián Zigarán- contra el colega Raúl Costes, su familia y colegas que ejercen su oficio-profesión, en esa localidad.

2.- En virtud que los ataques contra la prensa independiente se profundizaron durante la gestión de Gustavo Sáenz Gobernador, solicitamos, urgente intervención del Ministro de Seguridad de la Provincia, Abel Cornejo. Sugerimos reunión con el Ministro, Foro de Intendentes e integrantes de las distintas asociaciones, sindicatos de Comunicadorxs Sociales, Periodistas, Trabajadorxs de Prensa, a los efectos.

3.- Solicitamos la intervención de los distintos organismos de Derechos Humanos de Salta, para que se expresen públicamente sobre el cercenamiento a la libertad de expresión en la provincia y respalden con hechos concretos, nuestras acciones y decisiones.

4.- Porque el Estado debe garantizar la pluralidad de voces, exigimos la inmediata distribución equitativa de pauta publicitaria oficial.

Comunicadorxs Sociales, Periodistas, Trabajadorxs de Prensa Unidxs,Jamás serán vencidxs!!

APeS, Salta, 23 de junio 2022