En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Es lo que señala el artículo 109 de la Constitución Nacional y su posible violación ha puesto a Alberto Fernández, mandatario nacional, a las puertas de un juicio político.

La que está terminando ha sido una semana extremadamente tensa, no solo por la profundización de la crisis económica y social que aqueja al país, sino porque el primer juicio penal en el que se ha solicitado una pena severa contra la Vicepresidenta de la Nación, está alterando a la cúpula del oficialismo. El minucioso análisis de pruebas para fundar un pedido de prisión de 12 años e inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos, puso en boca del fiscal Diego Luciani duras referencias contra una de las mayores líderes políticas del país y de la región. En el juicio conocido como “Causa Vialidad”, Cristina Fernández está acusada –entre otros cargos- de encabezar una asociación ilícita.

La reacción del sector al que representa, como era de esperar, se expresó en movilizaciones aunque ninguna alcanzó ribetes masivos pero el rechazo a aceptar las acusaciones se sostiene en tanto se aguarda el alegato de la defensa y, obviamente, un fallo que será condenatorio. En ese marco, el presidente de la Nación cuestionó distintos aspectos del juicio, parapetándose detrás de su condición de profesor de Derecho. Pero hubo una declaración, observada como una amenaza o -al menos- una advertencia, que empujó a la oposición a echar mano a un recurso extremo para evitar que se avance sobre la división de poderes, especialmente sobre un poder como la Justicia

El juicio político es una respuesta institucional que fue asumida por los diputados de Juntos para el Cambio luego que se escuchara a Fernández decir que espera que el fiscal del juicio contra la vicepresidenta no se suicide como lo hizo su par Alberto Nisman, una herida abierta en la piel de la Nación. En su presentación y entre otras consideraciones, señalaron que se ve a un presidente de la Nación que “intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder que debe ser independiente”. 

Tres artículos de la Constitución se refieren específicamente a cómo se realiza el juicio político y precisa quienes son factibles de ser sometidos a ese proceso. El 53 dice que solo la Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de una causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes. Dicha Cámara tiene una comisión permanente a ese fin que se rige por un reglamento propio.

El artículo 59 indica que le corresponde al Senado juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. También se necesita mayoría agravada para declarar la culpabilidad de quienes llegan acusados. El artículo 60 precisa que fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado y, también, declararlo incapaz de ocupar empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación. Este fallo no excluye a la parte condenada a rendir cuentas ante los tribunales ordinarios.

La institución del juicio político no es una herramienta muy utilizada en la Argentina. Tan solo si se considera el período desde el retorno de la democracia, hubo muchas denuncias pero la mayoría fue archivada; en las últimas dos décadas, la Comisión de Juicio Político del Congreso recibió más de 200 denuncias. La propia Cristina Fernández, durante sus presidencias, tuvo siete pedidos de juicio político, mientras que actual mandatario, Alberto Fernández recibió un pedido en 2005, cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. Según datos oficiales del Congreso el ex vicepresidente Amado Boudou recibió 25 pedidos de juicio político, ubicándose a la cabeza de los funcionarios denunciados. 

Las salidas institucionales existen y la racionalidad política es la que tiene la última palabra.  



 

Salta, 26 de agosto de 2022

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