La Coalición Cívica y Republicanos Unidos pidieron que la Justicia avance contra el Presidente, sus ministros y el gobernador Jorge Capitanich, por incumplir una sentencia del máximo tribunal que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández fue denunciado penalmente tras haber anunciado que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia, sobre el porcentaje de coparticipación que el gobierno nacional debe devolverle a la Ciudad de Buenos Aires.

Una de las presentaciones fue realizada por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido, y la otra por los legisladores porteños Roberto García Moritán y Yamil Santoro, ambos de Republicanos Unidos.

Las denuncias alcanzan a los ministros del Gobierno nacional y también al gobernador Jorge Capitanich, argumentando que los funcionarios están incurriendo en los delitos de “alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia”.

“El comunicado del Poder Ejecutivo significa simple y claramente una desobediencia judicial a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Implica desobediencia de los deberes de funcionario público. Instruí al partido para que hagan la denuncia correspondiente. La verdad es que era previsible. Si el gobierno ahora choca, va a perder”, dijo Carrió.

En el comunicado en donde el Presidente anunció la decisión que no acatará el fallo, también anticipó que recusará a los jueces y pedirá la revocatoria de la decisión. Además, calificó a la resolución judicial de tener carácter “político en contra de las provincias argentinas” y ser “de imposible cumplimiento”.

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