n diciembre la legislatura de La Rioja aprobó una ley que declara “estratégica” la minería del litio y de “interés público provincial” todas las fases de esta producción, desde la exploración hasta la industrialización.

En la ley además se suspenden por cuatro meses las actividades en los cateos ya concedidos y se establece la obligación de que en toda la explotación del litio en las llamadas “áreas de especial interés” debe intervenir la empresa estatal minera Emsa.

La sanción de esta ley, que todavía debe ser promulgada por el gobernador, ha desatado una fortísima polémica y motivado el rechazo de las cámaras empresarias, de los gobernadores de la llamada mesa del litio, además un documento de la UIA, que dice en síntesis que se podría abortar un negocio gigantesco y las inversiones extranjeras por más de 5.000 millones de dólares.

Al analizar el impacto de esta ley, la revista Club Minero, vocera de los negocios de la grandes empresas, hace la analogía con la frase de Carlos Marx “Un fantasma recorre al mundo, el fantasma del socialismo” que provocó y sigue provocando el terror del capital…
 

Las limitaciones absolutas de la ley de la polémica

Aunque parezca radical en alguno de sus conceptos la ley riojana solo habilita un esquema en donde Emsa pueda asociarse a las privadas en la explotación de algunas áreas, las llamadas de interés especial, el Estado podría intervenir en los casos de las concesiones ya realizadas para forzar esa asociación.

La experiencia de Salta y Jujuy en donde Remsa y Jemse ya juegan este papel es elocuente.

Se trata de cascaras vacias que solo tienen en su haber ser las adjudicatarias de algunas de las áreas de interés especial, su rol es facilitar el negocio de las privadas y habilitar las corruptelas de las camarillas locales. En dos casos en Jujuy y hasta ahora en uno en Salta se han asociado a las privadas con una participación del 5 al 7% de las ganancias, claro que la producción y las ganancias serán las que declare la empresa que mantiene el control absoluto de la producción y las cuentas. Es decir que las estatales serán socias bobas y sufrirán los fraudes contables de la concesionaria del yacimiento. Además el rol fundamental de estas empresas estatales es canalizar el subsidio del negocio con fondos públicos. En el presupuesto 2023 de Remsa, el Estado salteño pone 3.000 millones para obras en exclusivo beneficio de las mineras, 20 veces más de lo que se espera recaudar este año por regalías.

La ley establece, de un modo general, que se daría prioridad a empresas estatales. Esto último solo podría facilitar la entrada de YPF Litio que hasta ahora tiene un solo proyecto de exploración en Catamarca de un total de medio centenar de áreas adjudicadas en las provincias que tienen las principales reservas comprobadas, es decir Catamarca, Salta y Jujuy. No es el caso de La Rioja. Detrás de la YPF estatal está el capital norteamericano ya que la empresa cotiza en Wall Street en donde están los dueños del 49 % de las acciones.

El negocio del litio está en el centro de las disputas chino-norteamericanas y China lleva la delantera a nivel mundial pero también específicamente en Argentina. Estados Unidos intenta recuperar posiciones en este terreno, recientemente el gobierno de Canadá ordenó a sus compañías mineras romper las sociedades con compañías mineras chinas en la explotación del litio en todo el mundo. La ampliación de la intervención de YPF  Litio en el negocio podría ser parte de una contribución proyanqui del gobierno Argentino en esta disputa.

Como hemos expuesto ampliamente en un artículo publicado en En Defensa del Marxismo la producción del “oro blanco” que en Argentina se realiza a un costo de 5.000 dólares por tonelada contra un precio internacional de 70.000, solo podría ser una oportunidad para que las provincias salgamos de pobres, en el marco de un plan nacional que abarque toda la cadena de valor hasta la industrialización bajo control de los trabajadores y con derecho a veto de las comunidades en materia ambiental.
 

El cinismo de Parrilli y su queja “¿Vamos a regalar el litio?”

Como para darle verosimilitud a la polémica en la que tendríamos un bando entreguista de un lado y otro nacionalista del otro, Oscar Parrili senador y vocero de CFK, se hace esa pregunta pregunta en una nota en Página/12. Allí, sin avergonzarse, ni dar explicaciones por las responsabilidades de su actual gobierno y de los doce años en que ocuparon la Rosada, entre 2003 y 2015, se queja de que Argentina es señalada en los principales medios internacionales como el paraíso para las mineras, el país donde menos impuestos se cobran y donde hay menos resguardos ambientales. Parrilli protesta porque sigue vigente un código de minería de 1886 que prohíbe la explotación estatal directa de los yacimientos y la ley de inversiones mineras del menemismo que establece la estabilidad jurídica por 30 años y una regalía miserable del 3% además de un amplio sistema de reintegros a las exportaciones y reembolsos en las provincias por los que las empresas recuperan más de lo que pagan por retenciones y por regalías. El kirchnerismo, como todos los partidos de gobierno, fue y es un defensor de este régimen de saqueo económico pero también de las libertades de las empresas para hacer la explotación sin los menores resguardos en materia ambiental.

Recordemos el veto de CFK siendo presidenta para la ley de glaciares o ahora el bloqueo a la ley de humedales protagonizado por buena parte del PJ. Parrilli dice que es auspiciosa le ley riojana y también el proyecto piloto para la fabricación de celdas para baterías encarado por YPF Litio en Ensenada, en un convenio con una compañía china que aporta la totalidad del paquete tecnológico. Da a entender que habría que cambiar hacia un régimen fiscal que cobre mayores impuestos pero ni siquiera explica cuál sería concretamente el cambio que propone, aunque anticipa que en ningún caso propondría una nacionalización del mineral. Ahora bien, ¿en qué consiste la declaración del carácter estratégico del litio de la que habla la ley riojana y también algún proyecto presentado y archivado en el Congreso, si al mismo tiempo se rechaza explícitamente la nacionalización del recurso? ¿Cómo podría haber un plan nacional asociado a los intereses “estratégicos” de los trabajadores, sin nacionalizar el recurso? Los planteos K en esta materia ni siquiera alcanzan a un limitado nacionalismo fiscal, menos aún a un plan de desarrollo e industrialización y emancipación nacional. De proponer hace un tiempo que el Congreso declarara el carácter estratégico del litio ahora apoya que lo haga una provincia a sabiendas que solo será el taparrabos de una política de saqueo como la que ya se impone en Catamarca, Salta y Jujuy

Pasaron de hablar de la “Patria Grande de América Latina” a un planteo nacionalista para terminar avalando ahora una entrega miserable de los recursos por los Estados provinciales que operan como pequeñas “repúblicas bananeras”.

Se trata de reunir unos pesos más para el fisco para pagar deuda y alimentar el desarrollo parasitario de algunos pocos nuevos ricos asociados a la corruptela del uso de los fondos públicos. No más.
 

El litio como garantía de pago la deuda externa de la Nación y las provincias

Massa por su parte se anotó en la polémica y dice que quiere convertir al litio en un commodity, es decir, con un precio internacional de referencia y agregar valor… palabras… palabras. La única preocupación de Massa es hacer caja para pagar la deuda (lo mismo que pretenden los gobernadores); este propósito choca con la pretensión de las empresas de seguir evadiendo impuestos con la escandalosa subfacturación de exportaciones como la descubierta en el caso de Livent que facturaba ocho veces menos que el precio del mercado. Este sistema de fraudes a los Estados es el normal y habitual en un mercado formado por un puñado de grandes mineras ahora asociadas a las grandes automotrices, por lo que hacen una integración vertical del negocio, en todas sus etapas. Acaparan toda la cadena de valor, de la que la producción del carbonato de litio (lo único que se produce y va a producir en Argentina) no llega ni al 10% y pagan migajas de impuestos con operaciones intra-empresa.

Esta ley no es ninguna amenaza kirchnerista al negocio ni al saqueo del mineral. La única oposición verdadera a este saqueo vendrá de la mano de la lucha de los trabajadores y de los pueblos que hoy se rebelan y entregan sus vidas como en el sur minero del Perú que tiene enormes explotaciones de oro y cobre desde hace años que conviven con los mayores indicadores de pobreza.

Sáenz dijo hace poco que no quiere repetir con el litio la experiencia de los “pueblos fantasma” que produjo la producción petrolera en el Norte salteño luego de cien años. Parrilli dice que no quiere “repetir la historia” del saqueo de los recursos naturales. Son las voces de una burguesía fracasada e impotente. El único fantasma que recorre el mundo al que le siguen temiendo los capitalistas de todo pelaje es el de la revolución social y el gobierno de los trabajadores. Lo demás es “cháchara”.











Fuente: Prens Obrera

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