Con una minuciosa investigación, que tiene una docena de funcionarios y médicos imputados, el fiscal federal Carlos Amad desentrañó en Taco Pozo una red de corrupción que defalcó las arcas del Estado Nacional con 740 pensiones no contributivas otorgadas con certificados de discapacidad truchos en esa localidad chaqueña.

La rápida y prolija pesquisa que desplegó el fiscal general del Área de Transición de la Unidad Fiscal Salta, como subrogante de la Fiscalía Federal de Roque Sáenz Peña, ante una denuncia que presentó en febrero de 2023 Ana María Canata, exdiputada chaqueña y actual titular del Instituto de Tierras Fiscales de la vecina provincia, tiene ramificaciones que se proyectan hasta Salta.

Uno de los imputados que tiene el expediente federal de Taco Pozo es Rafael Lenín Azañero Anaya, exdirector del Hospital Oscar Costas de Joaquín V. González, quien desde su consultorio particular en esa localidad anteña extendió, como médico especialista en traumatología, varias de las certificaciones implicadas en la trama por la que el intendente de Taco Pozo, Carlos Antonio Ibáñez, otros funcionarios de ese municipio, agentes de la Anses y tres exdirectores del Hospital Santa Rosa de Lima de la localidad chaqueña que limita con El Quebrachal también enfrentan hoy cargos penales por fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsedad ideológica en instrumentos públicos y como miembros de una asociación ilícita.

Con una serie de tempranas medidas de prueba, que incluyeron allanamientos en los que se secuestró lapidaria evidencia documental luego contrastada con cerca de una treintena de testimoniales y declaraciones indagatorias, el fiscal Amad determinó de modo preciso y circunstanciado los alcances, roles y responsabilidades que tuvo cada uno de los encausados en las 740 pensiones por discapacidad que se otorgaron solo en el período comprendido desde enero de 2020 hasta septiembre de 2023 en una localidad chaqueña tiene apenas 10.222 habitantes, según el último censo del Indec.

Como bien advirtió el Fiscal en los cuatro requerimientos que formuló ante el Juzgado Federal de esa jurisdicción desde abril hasta junio último, la cantidad de pensiones por discapacidad que tiene probadas irregularidades en Taco Pozo no se justifica ni siquiera en una población que atravesó una guerra o fue golpeada por una catástrofe natural. La investigación fiscal no dejó dudas de que en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) controles y auditorías brillaron con una ausencia que solo se explica con vistas gordas, incumplimientos de deberes y corrupción.

“En Taco Pozo el monto del desfalco ascendió a $89 millones por mes. Los beneficios se usaban como herramienta de réditos políticos”. (Carlos Amad)

En los últimos años, en localidades del departamento Anta, se reiteraron denuncias que hoy, a la vista del expediente de Taco Pozo, resaltan con similitudes llamativas. De hecho, el fiscal Amad precisó que en otras localidades chaqueñas se identificaron 23.206 pensiones por invalidez laboral que se sospechan fraudulentas. La cifra, que tiene actuaciones en camino para certificarlas en el fuero federal, se desprendió de una auditoria que encabezó el nuevo director ejecutivo de la Andis, Diego Orlando Spagnuolo, y de la que el vocero presidencial, Manuel Adornis, dio a conocer algunas conclusiones preliminares, días atrás, en una de sus habituales rondas con periodistas en la Casa Rosada.

La investigación federal desarrollada en Taco Pozo no solo aparece por estos días como punta de lanza para más causas e imputaciones en Chaco, sino que dejó traslucir otorgamientos de pensiones por invalidez irregulares que también pusieron el foco sobre Santiago del Estero, Salta y otras jurisdicciones norteñas.

La causa testigo

La investigación federal desplegada en Taco Pozo tuvo el primer requerimiento de indagatorias en abril de 2023, solo semanas después de que Canata formalizara su denuncia, pese a la renuencia con la que la gestión de la Andis, presidida en ese momento por Paula Martínez, respondió a los pedidos de informes. Aún así, ante la insistencia de la Fiscalía, el organismo nacional remitió finalmente los informes de las pensiones otorgadas en el período puesto bajo la lupa, con detalle de las patologías y los responsables de su otorgamiento. Esa prueba fue contrastada con 27 declaraciones testimoniales y documentación secuestrada en una serie de allanamientos.

Así se corroboró que, en varios casos investigados, Anaya había extendido en su consultorio de Joaquín V. González certificaciones médicas que después otro de los imputados de la causa, Marcos Rojas, un médico cirujano que había sido hasta 2019 director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima, transcribió textualmente en los Certificados Médicos Oficiales (CMO) con los que la Andis otorgó las pensiones irregulares. Quienes accedieron a los beneficios, cuyo monto asciende actualmente a $120.000 mensuales, pagaron sumas de hasta $30.000, cuando por ley está establecida la gratuidad de su tramitación.

Tal es así que en abril de 2022, desde la Andis se aclaró que los médicos y hospitales públicos registrados para otorgar los CMO tenían prohibido cualquier cobro. El organismo emitió esa aclaratoria luego de que vecinos de Talavera y El Quebrachal denunciarán que en el Hospital Enrique Romero, de esa jurisdicción municipal de Anta, les exigían pagos de hasta $15.000 para poder acceder a una pensión no contributiva.

Frente a aquellas denuncias, casi calcadas a las que ahora tienen imputaciones sólidas contra funcionarios municipales, del área de Salud y de la Anses en Taco Pozo, la Andis no tomó medida alguna para esclarecer las irregularidades expuestas desde El Quebrachal. En esa comunidad la cantidad de pensiones por invalidez fue más de una vez cuestionada. En poco tiempo, tras la puerta que acaba de abrirse en Taco Pozo, ese y otros municipios salteños podrían estar bajo el foco de la Justicia Federal, con imputaciones concretas por otorgamientos de pensiones no contributivas por invalidez a personas que en realidad trabajan. Quizás, como se comprobó en la vecina localidad chaqueña, muchos sean empleados municipales o familiares de algún médico o político que aprovecharon la función pública para lucrar con las tramitaciones de pensiones irregulares o usarlas como herramienta de clientelismo, como acaba de determinarse con abrumadoras pruebas solo a un paso de Anta.

Los imputados
En la causa de Taco Pozo junto al intendente Ibáñez y los médicos Rojas y Anaya están imputados Gabriela Estefanía Ibáñez Gelabert (funcionaria de la Anses e hija del jefe comunal); Miguel Angel Bilinski (exdirector del Hospital Santa Rosa de Lima); Marcela Patricia Peralta (actual directora del citado hospital); Eva Caro (empleada del INSEEP), María Estela Luna (secretaria médica de Rojas que llevaba las anotaciones de diagnósticos y cobros en tres cuadernos secuestrados), Florencia Jaimes (hija de María Luna) y tres agentes municipales: Rocío Arias, Rodrigo Arias y Antonio Ibáñez.

Fuente: El Tribuno

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