El miércoles por la noche se conoció que había una orden de captura contra el expresidente, la misma que fue anulada tras concederle una acción de libertad. 

Su equipo jurídico declaró a Evo Morales como “un perseguido judicial” por el gobierno de Luis Arce

El expresidente Evo Morales está siendo investigado por un caso de estupro y trata y tráfico, según dio a conocer la abogada Sandra Gutiérrez, quien era fiscal departamental de Tarija y fue destituida del cargo luego de este caso. El miércoles por la noche se conoció que existía un mandamiento de aprehensión en contra del expresidente, el mismo que fue anulado tras concederle una acción de libertad.

Según informó la ex fiscal Gutiérrez en una entrevista televisiva, la investigación inició a raíz de una denuncia presentada la semana pasada sobre la cual no quiso brindar detalles. En la orden de aprehensión se señala que el caso tiene que ver con un supuesto vínculo con una menor de edad ocurrido en 2018, según señala la orden de captura.

Una vez realizada la denuncia, se conformó una comisión de fiscales y se decidió abrir una investigación por el delito de trata y tráfico, y emitir un requerimiento de aprehensión contra Morales y otras dos personas, cuyas identidades no fueron reveladas, mientras continúan con las investigaciones.

En entrevista con Infobae, la abogada Cecilia Urquieta, miembro del equipo jurídico del Movimiento Al Socialismo (MAS) calificó la investigación como una “persecución judicial” contra el expresidente y dijo que tras la marcha de protesta que realizó contra el Gobierno a mediados de septiembre, se abrieron cinco procesos en su contra.

Respecto a la denuncia de trata y tráfico en particular, Urquieta indicó que se basa en “un rumor, un chisme de hace años que nunca se ha podido comprobar” y afirmó que la víctima no es parte de la denuncia. Agregó que la investigación surgió en la Fiscalía de Tarija y que el caso tiene “muchos vicios e irregularidades” por lo que los abogados de Morales considera que todo acto será nulo.

Evo Morales encabezó una marcha contra el Gobierno el 17 de septiembre de 2024. Sus abogados consideran que las investigaciones en su contra son parte de una persecución judicial por esta manifestación. REUTERS/Claudia Morales

Urquieta indicó que el expresidente se enteró del caso “de casualidad” porque no ha recibido ninguna notificación formal. “Ha sido un momento de preocupación para todos, pero (a Evo Morales) lo he escuchado muy fuerte porque tiene el apoyo de la gente”, indicó y relató que sus seguidores en el trópico de Cochabamba se organizaron para custodiarlo. “Si hay este tipo de irregularidades, la gente se va parar (…) Eso le asusta (al Gobierno), la fuerza social y política que tiene Evo Morales”, sostuvo.

El caso surge luego en medio de la pelea interna en el MAS entre las facciones afines a Morales y al presidente del país por el control del partido y la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.

En ese contexto, la semana pasada el exministro de Justicia Iván Lima anunció que en los próximos días se impulsaría juicios contra gente que “le hizo daño al pueblo boliviano”. “Voy a poder asumir la defensa, la acusación y llevar adelante procesos contra gente que le ha hecho daño al pueblo boliviano, que ha sido parte, no solamente de destruir la inocencia de niñas, la inocencia de familias”, manifestó Lima en su discurso de despedida.

Sandra Gutiérrez denunció que luego de haber emitido el mandamiento de aprehensión, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, le exigió presentar su renuncia y le impidieron el ingreso a su despacho. “Para mí, esto es una persecución y lo denuncio públicamente, y también voy a hacer una denuncia ante la comunidad internacional”, declaró.

Gutiérrez no presentó su renuncia pero recibió un memorándum de agradecimiento por sus labores. “A partir de ahora dejo de ser fiscal departamental porque me acaban de notificar”, aseveró.

La noticia sobre la orden de captura de Evo Morales generó una ola reacciones en el país. Políticos de la oposición manifestaron que el proceso investigativo debe continuar pese a la destitución de la fiscal Gutiérrez. “No se puede menospreciar lo que se hizo hasta ahora y al fiscal general (Juan Lanchipa) solo le queda dar continuidad a este caso”, manifestó la diputada Luciana Campero.

Fuente: Infobae

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