La Casa Rosada le enviará en los próximos días una consulta formal al Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, para que revise el dictamen que establece que las funciones de la SIGEN no resultan “aplicables a las universidades nacionales”.

El Gobierno impulsará la derogación de un dictamen de la gestión anterior para poder auditar las cuentas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El Ejecutivo quiere que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tenga participación en la revisión financiera y operativa que está a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Se trata de la reversión de la norma que impulsó el extitular de la Procuración del Tesoro de la Nación Carlos Zannini en 2022 que establece que las funciones de la SIGEN no resultan “aplicables a las universidades nacionales”.

La Casa Rosada le enviará en los próximos días una consulta formal al Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, para pedirle su visión sobre el dictamen. Estará firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendel, y por el subsecretario de Política Universitarias, Alejandro Álvarez.

Barra estuvo reunido este miércoles con el asesor presidencial Santiago Caputo en sus oficinas de Balcarce 50. Según pudo saber TN, el Ejecutivo espera que el procurador revierta la resolución de Zannini, que le quitó a la SIGEN las Unidades de Auditoría Interna en las universidades.

La derogación del dictamen de Zannini fue uno de los pedidos que le hizó el PRO al Ejecutivo para apoyar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Diputados. Solicitó además que se ejecutara un aumento a los sueldos de los docentes universitarios, que ya fijó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sin acuerdo con los gremios.

“La reversión del dictamen es una medida que analizamos desde la primera marcha universitaria, pero Torrendel no terminó avanzando y no se concretó. Compartimos la visión del PRO y nos interesa que la SIGEN audite a las universidades”, expresó a TN un funcionario.

Los dirigentes de la AGN sostienen que el Gobierno no está habilitado para fijar las auditorías universitarias y aseguran que “el Congreso Nacional es quien dispone qué, cuándo y a quiénes se audita a través del Plan Anual de Auditoría que aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas para cada ejercicio presupuestario”.

La ley de Administración Financiera (24.156) establece a la AGN como el organismo encargado de promover investigaciones de carácter federal sobre el contenido patrimonial en los casos que corresponda. Depende del Congreso de la Nación y está ligada a la comisión mixta Revisora de Cuentas.

El titular de la AGN es el exvicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos y los auditores generales son Francisco Fernández, Alejandro Nieva, María de la Rosa, Gabriel Mihura y Juan Ignacio Forlón. Para designar nuevos auditores, el oficialismo debe conformar la comisión parlamentaria.

El organismo confirmó ayer su plan de trabajo para 2025. Incluye 296 proyectos de auditorías (128 nuevos y 168 que se corresponden con años anteriores). El 62% de los proyectos son sobre estados contables y el 38% restante está relacionado con la gestión gubernamental.

Ante el conflicto por las auditorías a las universidades, la AGN confirmó que hará una revisión operativa, financiera y de gestión de la subsecretaría de Políticas Universitarias -del Ministerio de Capital Humano- que preside Alejandro Álvarez.

“Como resulta trascendente, a la luz del debate público sobre el financiamiento educativo, es necesario también auditar la contraparte del financiamiento de las universidades públicas nacionales”, expresó en X la presidencia de la AGN.

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