Desde Anusate cuestionaron algunos manejos gremiales.

En menos de un mes, 17.000 agentes del sector público que tienen confiada su representatividad en Salta a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) elegirán autoridades. A través de su apoderado, la lista Verde-Negra, que encabeza Ricardo "Cachete" Marti, solicitó que los comicios del próximo 9 de agosto y el proceso previo sean democráticos. Marti manifestó que desde Anusate ven con mucha preocupación el accionar de la Delegación de Junta Electoral de la Provincia, elegida en un congreso impugnado y vetada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Consejo Directivo Nacional de ATE. "A pesar de la impugnación, la dirigencia actual aprobó memoria y balance sin el conocimiento de los revisores de cuentas titulares, quienes denunciaron previamente aprietes. Esta causa se encuentra en la Justicia", señaló.

El candidato a secretario general agregó que los revisores no fueron debidamente informados de los gastos que ejecutó la actual dirigencia, lo que les impidió cumplir su función. "No controlaron los libros ni la documentación contable y no pudieron fiscalizar la administración de los recursos del sindicato. Hemos puesto en conocimiento a las autoridades sobre todo lo que se viene dando en Salta. Además, testificamos y demostramos que esta ilegítima delegación provincial, por sus acciones, responde claramente a la cúpula sindical", expresó.

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Marti también denunció que hasta hoy se ha impedido la asunción de un delegado electoral que fue nombrado el pasado 1 de junio. "Desde Anusate creemos que es responsabilidad de la gestión actual garantizar que el proceso previo y las elecciones del 9 de agosto sean soberanos y democráticos. Son los afiliados y las afiliadas quienes elegirán a las autoridades que los representarán por los próximos años en el Consejo Directivo Provincial de Salta y las seccionales de Orán, San Martín, General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera y Cafayate. Nosotros somos una opción", recalcó Marti, tras cuestionar los manejos que tuvo el gremio luego del fallecimiento de Juan Arroyo. Afirmó que la actual conducción "ha asumido un rol antidemocrático. Muestra de ello fueron las asambleas generales de afiliados de 2022 y la que se realizó el pasado 17 de mayo, en un ambiente cargado de violencia física. Han usado al Consejo Directivo Provincial como agencia de colocación de empleo, con la mayor parte del secretariado fuera del sindicato, vocales con impedimento de ingreso a las instalaciones, persecución contra delegados y exdelegados, y un trato despótico a empleados del sindicato", acotó Marti.

Fuente: El Tribuno

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