Para frenar las talas ilegales en las fincas confiscadas en la frontera con Bolivia.

El organismo solicitó ayuda al juez Montoya para parar la tala ilegal en la frontera.

La Secretaría de Ambiente de la Provincia, a través de la resolución 154, autorizó en marzo de 2019 a la Sociedad Administradora de Campos de la Universidad Nacional de Buenos Aires a realizar un aprovechamiento forestal de 49 hectáreas en el sector de la finca El Aybal conocido como Quebracho Ladeado.

En octubre de ese mismo año, por resolución 711, autorizó a la sociedad anónima unipersonal creada por la UBA a realizar otro aprovechamiento de 251 hectáreas en el mismo sector de la matrícula 17163 del departamento San Martín.

Apenas nueve días después, ante denuncias de un vecino de la zona y de Ieasa, la empresa pública nacional que está a cargo del mantenimiento del Gasoducto de Integración Juana Azurduy, el organismo provincial inició actuaciones sumariales contra la administradora y depositaria judicial de la finca fronteriza por "extracción ilegal de productos forestales".

En el marco de esas actuaciones, la Secretaría que conduce Alejandro Aldazábal ordenó la inmediata paralización de actividades en el inmueble, suspendió las autorizaciones y dispuso medidas para constatar la infracción administrativa.

En la inspección ocular se detectó un aprovechamiento forestal ejecutado fuera del área aprobada y a lo largo de la traza del gasoducto. También se advirtió la existencia de campamentos madereros y diversos puntos de acopio de madera.

Tras el informe de los inspectores comisionados, a través de la disposición 196, la Dirección de Fiscalización y Control del organismo ambiental de la Provincia sancionó con una multa y compensación a la sociedad administradora de la UBA, tras encontrarla "responsable de la ejecución de actividades de aprovechamiento forestal fuera del área autorizada".

El organismo también marcó irregularidades en la extensión de guías forestales y una extracción en exceso de productos forestales, por lo que inscribió a la firma sancionada en el Registro de Infractores y Reincidentes Ambientales de la Provincia de Salta por un plazo de dos años.

En los primeros meses de 2021 nuevas denuncias dieron cuenta de un incremento de la extracción ilegal de madera, tanto por parte de la sociedad anónima unipersonal que constituyó la UBA en 2016 para administrar campos de Buenos Aires, como de terceros que talan y comercializan rollizos sin autorización alguna. Todo esto, más la presencia de campamentos madereros, fue constatado durante una nueva inspección realizada en la zona.

Con todos estos antecedentes, la Secretaría de Ambiente remitió copias del expediente sumarial al Juzgado Federal de Orán. De esa forma el organismo provincial puso al juez Gustavo Montoya en conocimiento de la grave situación ambiental planteada en una de las fincas intervenidas en la frontera con Bolivia y solicitó el auxilio de fuerzas federales para evitar la continuidad de las talas ilegales.

En los últimos días, el Sistema de Alerta Temprana de Nación detectó actividades de cambio de uso de suelo en la matrícula 17163. En ese contexto, la Secretaría de Ambiente de la Provincia ordenó una investigación en torno de las picadas que comenzó a abrir el municipio de Salvador Mazza en la zona con máquinas de las que la Justicia desapoderó a Castedo y que el responsable de la Sociedad Administradora de Campos de la UBA, Hugo Muñoz, tiene confiadas en condición de depositario judicial.

El Aybal

La finca El Aybal tiene cerca de 20.000 hectáreas. Fue adquirida en diciembre de 2003 por Mario Alberto Yudi, de Salvador Mazza, en 600.000 dólares. En noviembre de 2005, Yudi vendió la propiedad por 1.300.000 pesos a Delfín Castedo. Este, en octubre de 2006, la transfirió al martillero Eduardo Torino, quien terminó encausado junto a otros presuntos miembros del clan narco.

Según la cédula parcelaria de El Aybal, Torino compró la finca para Anzere, una firma offshore creada en la capital de Uruguay, Montevideo, y vinculada al sonado caso de los Panamá Papers.

Los fiscales de la causa advirtieron que Anzere "aceptó la adquisición de finca El Aybal recién el 12 de marzo de 2008, o sea un año y medio después de escriturada la compra y, casualmente, el mismo día en que el entonces juez Raúl Reynoso llamará a Torino a prestar indagatoria en la causa".

El Pajeal

El Pajeal es una finca de más de 4.700 hectáreas que colinda con El Aybal. Ese campo, donde gendarmes contabilizaron cerca de mil cabezas bovinas en octubre de 2017, tuvo como titular registral al fallecido exdiputado Ernesto José Aparicio, pero los encargados de su administración fueron los hermanos Delfín y Raúl Castedo.

Delfín, en la causa por narcotráfico que lo tiene hoy encarcelado, declaró que el legislador peronista del departamento San Martín le entregó la finca El Pajeal para su explotación por 15 años, a cambio de desmontes parciales.

Aparicio, quien falleció en noviembre de 2013, también había sido procesado en el marco de esas actuaciones del Ministerio Público de la Nación por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo.

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