La Cámara de Senadores deberá resolver sobre el pedido de desafuero del senador Omar Ramos, solicitado por el juzgado de Garantía Nro. 2 para que le tomen las huellas dactilares, como trámite de una causa que se le sigue a Ramos por supuesto peculado de cuando era intendente de Rosario de Lerma.

Ramos es investigado desde abril del 2017 por supuesto peculado de cuando fue intendente de Rosario de Lerma, y recibió fondos enviados a ese municipio por la Provincia, a través de la Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo, para que pusiera en funcionamiento “un proyecto de Empresa Social cuyo fin era la construcción de casas prefabricadas”. Al parecer, Ramos lo utilizó esos fondos para otros fines.

Según la fiscal Salinas Odorisio, Ramos ha sido notificado “en numerosas oportunidades” para cumplir con este requisito de identificación dactilar, sin embargo y de forma renuente hizo “caso omiso” a estas convocatorias respondiendo sus abogados en forma reiterada que no podía concurrir por tener el legislador “compromisos políticos de ineludibles”. Para la fiscal, contar con la identificación dactiloscópica del imputado, su respectiva planilla prontuarial y el Informe del Registro Nacional de Reincidencia, es también un trámite ineludible, por lo que solicitó al Dr. Ignacio Colombo, Juez del Juzgado de Garantías 2º Nominación, que solicite el desafuero a la Cámara Alta a los efectos de llevar a cumplimiento dicho trámite.

 

"El prolongado tiempo transcurrido, no se ha podido efectivizar tan sencilla pero esencial medida debido a la renuencia del encausado a quien se le otorgó, en el sentido procesal, la mayor amplitud posible para el cumplimiento de la medida”,

dice el escrito de la fiscal.

La solicitud que ingresó hoy a la Cámara de Senadores, pone a prueba a los actuales integrantes de ese cuerpo ante la responsabilidad de responder a la justicia cuando esta requiera para transparentar el manejo de los fondos públicos. O por el contrario, los senadores pueden repetir acciones corporativistas e impedir la solicitud de la fiscal, como se ha hecho durantes los años de gobierno de Romero y de Urtubey.

 

“Cabe recordar que la carga de presentarse ante los llamamientos de la justicia, existe en cabeza de todo ciudadano, pero es una obligación que rige con mucha más intensidad cuando se detenta un cargo representativo y es funcionario público”.

advierte la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.