El integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Daniel Antonio Petrone confirmó esta semana las condenas a tres años de prisión que recibieron Viviana Fernández y Javier Navarreta, ex gerenta y ex gerente de las agencias del PAMI en las localidades de Orán y Embarcación respectivamente por defraudación a la administración pública.

El juez Petrone señaló que el tribunal de juicio efectuó “una motivada y razonable ponderación de la cuestión planteada, a partir de la cual ha sustentado de modo suficiente la atribución de los sucesos reprochados a los imputados".

Los ex funcionarios fueron condenados en agosto de este año por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta que también les fijó una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En la causa, la acusación fue llevada adelante por el fiscal federal Ricardo Toranzos del Área de Casos Complejos.

De acuerdo a lo expuesto por la jueza Marta Liliana Snopek en su sentencia, quedó comprobado que Fernández y Navarrete habían solicitado y percibido el IFE, un beneficio dispuesto por el decreto 310/2020 del Poder Ejecutivo Nacional para mitigar la grave crisis económica emergente por las medidas sanitarias impuestas durante la fase 1, en el marco de la pandemia del COVID-19.

Ante esto, las defensas impugnaron la sentencia. El 15 de octubre de este año, el juez Petrone -integrante de la Cámara Federal de Casación- dirigió una audiencia oral en la cual los defensores públicos Fernando Rey -por Fernández- y Guillermo Todarello -por Navarrete- ratificaron sus planteos. La representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo del fiscal general Mario Villar,  que solicitó que se rechacen las impugnaciones.

El defensor de Fernández sostuvo que, en función de la normativa de implementación del IFE y la falta de consignación de los casos de incompatibilidades en la declaración jurada llenada por la ex gerenta, la acusación que se dirigió contra ella no era idónea para provocar "algún tipo de engaño sobre la Administración Pública Nacional”. 

Sostuvo también que la disposición del IFE a Fernández “se produjo por la propia negligencia del Estado que no llevó a cabo ningún tipo de control al respecto”.

En esa línea, el defensor de Navarrete afirmó: “la simple confección de la declaración que se enviaba por medios digitales a la ANSES no resultaba suficiente pues existía un deber legal de llevar adelante el control de los requisitos pertinentes”. Por último, las defensas cuestionaron el monto de la pena y, de manera subsidiaria, solicitaron que la misma sea rebajada al mínimo establecido para dicho delito.

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