Hace unos días el Ministerio Público Fiscal dio a conocer que el Intendente de la Merced, Javier Wayar fue imputado por retención indebida, incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos) y peculado. Además, también se imputó a los ex Concejales Daniel Coreico, Dina Pastrana y Pedro Gutiérrez como partícipes necesarios del delito de peculado.

Esta investigación surgió a causa de las denuncias que realizó el ex Presidente del Concejo Deliberante, Horacio Santiago Huerga  y finalmente la fiscala penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio decidió imputar al Intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público pues habría presuntas irregularidades en las transferencias al Concejo Deliberante correspondientes a los meses de diciembre 2019, enero a julio 2020 y septiembre del 2020, y habría omitido aplicar la nueva alícuota de 6,92% establecida por el art. 21 de la Ordenanza 33/18.

En cuanto a la imputación de retención indebida, según surge de la investigación, el Intendente habría efectuado transferencias presupuestarias correspondientes a diciembre 2019, enero 2020, febrero 2020, marzo 2020, abril 2020, mayo 2020, junio 2020, julio 2020 y septiembre 2020 a favor del Concejo Deliberante, aplicando una alícuota del 4,5%, omitiendo aplicar la que correspondía según lo establecido por el artículo 21 de la Ordenanza 33/18 (modificado por la Ordenanza 02/2019), que era del 6,92%. De esta formahabría afectado nuevamente el correcto funcionamiento de la Administración Pública, en particular el del Concejo Deliberante de La Merced.

Respecto al delito de peculado surgió que desde cuentas bancarias de la Municipalidad de La Merced se efectuaron, en septiembre de 2020, tres transferencias de $57.081 cada una a las cuentas de tres concejales.

Por último,en cuanto a la imputación por incumplimiento a los deberes de funcionario público ya que suscribió la Resolución 535/21, que aprobaba contratos de obras públicas relacionados con el concurso “Cristo de la Hermandad” habría omitido los procedimientos establecidos y exigidos por la ley 8.072, sobre el Sistema de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario n° 1319/18.

Durante la audiencia, los imputados se presentaron con abogados particulares y se abstuvieron de declarar, aunque anticiparon que presentarán su descargo por escrito.

La Yapa Salta pudo conocer de fuentes cercanas, que luego de los resultados de una auditoría, desde el Gobierno provincial se pediría la intervención del Municipio

Fuente: La Yapa Salta

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