Alfredo Soto fue denunciando por quedarse con dinero de la Municipalidad y de programas sociales que nunca se rindieron. El actual jefe comunal se convirtió en querellante.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, decidió imputar provisionalmente a Alfredo Soto, exintendente de Iruya, por el delito de peculado por una cifra cercana a los siete millones de pesos.

La denuncia surgió luego de una auditoría realizada en el municipio, donde se encontró el faltante que luego fue confirmado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Se trata de cheques por $970.000 que fueron librados a favor de la Municipalidad pero cobrados por él mismo sin que exista una correcta rendición de cuentas. Además, se suman otros cinco millones de pesos correspondientes a programas sociales que tampoco se rindieron.

Al respecto, el actual intendente Eugenio Herrera, informó que se convirtió en querellante en la causa ya que significa una gran cantidad de dinero que equivale al doble de lo que recibe por coparticipación. Dijo que con ese dinero podría haber comprado 20 camionetas 0km y otros elementos necesarios.  

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