El Tribunal de Impugnación IV insistió ante el Juzgado de Garantías de Segunda por el pedido ante la Cámara Alta para poder seguir con el proceso judicial que puede poner al legislador tras las rejas otra vez.

El Senado de la Provincia, por segunda vez en menos de diez meses, debe decidir si le quita los fueros al senador por Rosario de Lerma Sergio Omar Ramos, imputado por el delito de peculado ante la investigación de corrupción en la administración de los fondos de un proyecto social nunca realizado para el carenciado barrio Islas Malvinas.

En junio del año pasado el Juzgado de Garantías de Segunda Nominación dispuso, en el marco del artículo 122 de la constitución provincial, que se haga conocer al Senado la acusación fiscal que pesa en contra de Ramos.

Sin embargo, se dilató desde la cámara legislativa salteña, y el conocido como "Topo" Ramos ganó tiempo judicial y político para presentarse finalmente a la extracción de sus huellas dactilares, y desde el juzgado interviniente se le comunicó que el pedido de desafuero inmediato continuaba vigente.

El silencio del Senado salteño tuvo una respuesta insólita en aquel momento: "no se podía tratar el tema del desafuero del senador Ramos porque no se recibió del juzgado interviniente una solicitud escrita para tal fin".

En medio de la pandemia, cuando no se recibían papeles en mano por miedo a los contagios, se dilató el tratamiento del desafuero, esta protección increíble que aún persiste como norma que beneficia a los legisladores investigados por corrupción y otros delitos.

Ramos logró esa vez sostener sus fueros y todo se cayó. Pero la Justicia, por medio del Tribunal de Impugnación Sala IV, solicitó al Juzgado de Garantías de Segunda Nominación, insiste ahora ante la Cámara de Senadores de la Provincia por el despojo de esta protección legal y política para que la causa por delitos de corrupción siga su trámite.

Con fecha 2 de marzo esta resolución apunta a que "en virtud de hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la defensa de Ramos y, en su mérito, disponer que bajen los autos al juzgado de origen para que, previo a todo trámite, se proceda conforme a lo indicado en el presente resolución".

En la gestión del exintendente Ignacio Jarsún, en 2017, se lo denunció en cinco oportunidades al actual senador por distintos hechos de corrupción.

En cuanto al allanamiento de la inmunidad y la suspensión del legislador en sus funciones, si la Cámara decide tal sanción, necesariamente Ramos pierde las prerrogativas ante un inminente juicio público por la acusación que se le imputa.

Es de esperar que el Senado provincial no dilate nuevamente la situación y Sergio Omar Ramos sea suspendido como pide la Justicia, y pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano.

En la gestión del exintendente Ignacio Jarsún, en el año 2017, se lo denunció en cinco oportunidades al actual senador, y por distintos hechos de corrupción.

Cuando Ramos era intendente de Rosario de Lerma en 2013, recibió fondos por casi medio millón de pesos de la Provincia para viviendas que no se hicieron.

La acusación que permitió la imputación de Ramos se trata de cuando era intendente de Rosario de Lerma en el año 2013, y recibió fondos por casi medio millón de pesos de la Provincia a través de la Secretaría de Economía Social y Empleo, los cuales estaban destinados a la creación y puesta en funcionamiento de un Proyecto de Empresa Social cuyo fin era la construcción de casas prefabricadas. Cosa que nunca se ejecutó y hoy el terreno sobre el cual se debía realizar esta obra continúa vacío. Es incierto el destino del dinero enviado por Nación.

Durante la investigación se pudo saber que solamente se compraron tejuelas por un monto de $30.000. Asimismo, es la única erogación que realizaron, por lo que no se sabe el destino final de los otros $311.715. A esto se le suma la falta de pago a la cooperativa que realizó trabajos en el lugar.

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