Así lo dio a entender la Justicia Federal, quien ahora tomará la posta de la investigación emprendida por la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas. Tres personas se encuentran imputadas y detenidas por el hecho.

La jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez aceptó la competencia de la causa por el homicidio de Darío Monges y dio por formalizada la imputación penal contra Roberto Catalino Bejarano y sus hijos David y Santiago. Además, se prevé requerir también la causa en la que se investiga irregularidades en una visita de la víctima al sicario Alejandro “Cabezón” Díaz en Orán.

Entre los fundamentos de la intervención federal, se encuentra lo compartido por la jueza de Garantías N°6, Sandra Espeche, sobre que “es imposible investigar este caso sin tener presente el accionar de determinadas organizaciones narco criminales”. En este sentido, la Fiscalía procedió a formalizar la imputación penal provisoria contra los Bejarano, en base a las pruebas reunidas.

La investigación judicial pudo rearmar los últimos movimientos de Monges, actividad de la cual, el Fiscal Eduardo Villalba, destacó su constante visitas al taller de motos de los Bejarano, en inmediaciones de la avenida Constitución Nacional y Vicente López, en el barrio Vicente Solá.

Villalba sostuvo que, desde un inicio, la investigación partió de la base en la cual la víctima y los acusados compartían actividades en la tenencia y comercialización de estupefacientes, negocio del cual -según algunos mensajes que se pudieron obtener- surgieron ciertas diferencias, lo que aparece evidenciado de manera directa respecto a un “faltante” de marihuana, en un cargamento que, al parecer, provino del norte de la provincia.

A ello, agregó que la sospecha hacia los Bejarano creció aún más cuando, al ser consultados respecto al paradero de Monges, negaron haberlo visto días antes del deceso y hasta afirmaron que hacía dos meses que no sabían nada del mismo.

Para echar por tierra la coartada de los acusados, el fiscal expuso una serie de pruebas obtenidas en base a un prolijo trabajo de inteligencia y de campo, el que permitió, con cámaras de video cercana al taller, precisar que “minutos antes de ese fatídico viaje a barrio El Círculo, el 1 de septiembre pasado, Monges estuvo en el taller de los Bejarano”.

En base a ello, la fiscalía imputó a Bejarano y sus dos hijos el delito de homicidio agravado por ser cometido con alevosía y el uso de arma de fuego, en concurso real con el de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Como botón de muestra, recordó que, en los distintos allanamientos realizados en torno a este crimen, se logró secuestrar envoltorios con marihuana en la pieza de uno de los hijos de Bejarano, lo que evidencia que la droga era común denominador en la vida de los acusados, aunque dejó abierta la puerta a que las actividades estén ligadas también al tráfico de cocaína.

Dada la gravedad del caso, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de los tres imputados, lo que fue fundado en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación penal, como así también en el hecho de que la escala penal prevista para los delitos imputados, impiden avizorar una condena de ejecución condicional.

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