“Este 3 de junio es una renovación del compromiso con la lucha del movimiento feminista, donde resaltamos que la vida de las mujeres está en juego”, inicia el diálogo con Nuevo Diario la referente feminista Irene Cari del Foro de Mujeres (Fomupio).

Enlistó los reclamos para la octava edición de la Marcha Ni Una Menos en Salta, y entre los principales, nuevamente citó el pedido a gritos por una intervención efectiva de la Justicia, en la publicación de los datos de femicidios, que no coinciden con los recopilados por las organizaciones no gubernamentales.

“Gritamos las consignas de Ni Una Menos, recalcando que es una fecha emblemática de la lucha feminista que asumió ese compromiso por una vida libre de violencia machistas”, sostuvo la referente feminista que  analizó  los números alarmantes de femicidios en la provincia: “que para el Estado ni siquiera algunas están identificadas, han minimizado los datos estadísticos, y ahora mucho más porque las organizaciones de la sociedad civil han contabilizado en lo que va del año, 12 femicidios, pero para las instituciones del Estado son menos”, advirtió.

“Este desconocimiento es netamente intencional y una cuestión política”, reclamó.

Los números que lastiman en la provincia

De conformidad a los datos aportados desde la ONG GEMA, los femicidios cometidos en lo que va de este año serían 12. No obstante desde la provincia sostienen que son 6.

Janet Juárez (32) asesinada en Rosario de la Frontera; Valeria Monzó (32)  cuyo cuerpo fue hallado en el barrio Divino Niño en Salta Capital; Brenda Guerrero (Salta Capital).

Nicole Natasha Yapura (18) cuyo cuerpo fue hallado en la localidad de Atocha; Nuri Klimasauskas de Orán; Delores Dorrain Naea en Cafayate;  Lorena Alejandra Cardozo, cuyo cuerpo fue hallado en el vertedero San Javier.

Florinda Rosa Aranda, hallada en barrio Solidaridad; Dominga Ferreira; Anto Rossetto.

“La pregunta que la hacemos al Estado es qué pasó con esas cuerpas sin vida, y quiénes son”, señaló Irene Cari.

 “Para el Estado, la vida de las mujeres tiene poco valor”

Prosiguiendo con su duro análisis situacional, la referente sostuvo que: “La justicia dice que no reúne los elementos que se encuadren dentro del femicidio en algunos casos, pero fueron asesinadas por cuestiones de género”. Asimismo prosiguió: “pensamos que para el Estado, la vida de las mujeres, niñas y adolescentes tiene poco valor, y por eso no se invierten los recursos eficientemente para los fines de prevención de la violencia de género”. Sobre esta discrepancia en los datos, Cari aseguró que “son intencionales” y que se dan en complicidad entre las instituciones.

En ese sentido, Irene enfatizó la urgente necesidad de “que la justicia aplique todos los marcos legislativos, que los juicios que se llevan adelante tengan la perspectiva de género”, y detalló cómo las víctimas, cuentan y relatan las peripecias de acceso a la justicia, el sufrimiento con el que viven los maltratos que le dan dentro de las mismas oficinas: “pensamos que el lugar más cruel para las mujeres es la Justicia”, dijo y ejemplificó con el caso que Nuevo Diario abordó sobre el proyecto de ley de Registro de Obstructores de Lazos Familiares: “ es un claro ejemplo de lo que piensa la clase política, en complicidad con la justicia, porque el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres hasta ahora  no tuvo ninguna reacción, como tampoco ninguna otra institución”. “Se trata de una ley que violenta las subjetividades democráticas conquistadas por las luchas feministas, nos baja una cortina de hierro para acceder a la justicia”.

“Estas son las injusticias que vivimos,  me pasó a mi cuando fui criminalizada por representar a las pluralidades en el concurso del Observatorio, y en donde fui víctima de  acusaciones diversas que con el tiempo se comprobaron que fueron todos señalamientos falsos, y hasta hoy no puedo asumir en el directorio”, relató Cari y concluyó: “la verdad es que para nosotras, pensamos que hoy tenemos un gobierno que no nos representa en absoluto”.

En Salta marcharon en repudio de todo tipo de violencias

Pía Ceballos, activista travesti trans de Salta, manifestó a Nuevo Diario que a ochos años del primer Ni Una Menos, la movilización se encuentra nuevamente en un contexto complejo en cuanto a las distintas crisis que atraviesa el país y puntualmente la provincia. “Hay un aumento de la violencia en todos los sectores, y particularmente a los sectores populares en las zonas rurales, urbanas, y en las comunidades indígenas. Quiero destacar que cuando hablamos de violencia de género destacamos el abuso sexual a niños, niñas, adolescentes, que sucede en comunidades indígenas y criollas, está presente en toda nuestra sociedad. Por eso, volvemos a levantar la bandera para decir basta de chineo y abuso”, expresó.

A su vez, Ceballos destacó el acompañamiento a la lucha docente y de trabajadores de la salud  y agregó el repudio hacia la Ley “Antipiquetes”.

“Es importante mencionar todas las violencias que nos atraviesan en nuestro territorio, sobre todo aquellas que vienen de la justicia, de las leyes y del mismo Estado, sobre todo cuando hay criminalización, discriminación y se atropellan nuestros derechos”, dijo. Dentro del petitorio de la marcha, se encontró la Ley de Reparación Histórica para personas travestis y trans adultas, mayores de 40 años, que corresponde a una agenda federal y está presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.

También se hizo sentir el reclamo a la ley antipiquete

La línea sindical también se hizo presente de la mano de las organizaciones sindicales como la CTAA , la Secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades Nelly Sánchez, que expresó: “Los políticos se organizan para transformar la realidad, y nos faltan derechos aún sin conquistar, pero estamos convencidos que la política es nuestra herramienta de transformación”. Asimismo, solicitaron una transversalidad del transfeminismo popular a cada política pública para erradicar la violencia machista y patriarcal”.

En otro apartado instó a un pacto social, para construir un proyecto que visibilice las violencias: “Nos queremos vivas y unidas”, enfatizó e insistió que seguirán saliendo a la calle: “nuestra consigna es que este gobierno despenalice, y no criminalice las movilizaciones, por eso pedimos que den marcha atrás a la ley que votaron los senadores entre gallos y medianoche”.

“El trabajador no va a salir de la calle”, lanzó y añadió: “Los trabajadores y trabajadoras necesitamos leyes express que nos den las garantías de que tengamos igual salario con dignidad para todos los compañeros y compañeras”.

En la movilización también participaron representantes de la Junta Interna del Hospital Papa Francisco, miembros del CDP ATE  del Hospital San Bernardo, Apsades Noemí López y  Central de Trabajadores Argentinos (CTAA).

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