Algunos ya fueron condenados por distintas causas en las que el peculado y el enriquecimiento ilícito son moneda común.

Los recientes casos de intendentes salteños condenados por gestiones manchadas por hechos de corrupción renovaron las críticas y el enojo de la sociedad , aunque ya no generan sorpresa y, cada vez más, los habitantes de la provincia se habitúan a convivir con jefes comunales que pasan de pobres a millonarios mientras sus pueblos se hunden en la miseria.

Solo en los últimos 10 años, al menos 10 jefes comunales fueron imputados, procesados, juzgados e incluso algunos ya fueron condenados por distintas causas en las que el peculado y el enriquecimiento ilícito son moneda común, aunque también los hubo por cuestiones vinculadas a la corrupción de menores e incluso trata de personas.

Se destacan en la memoria colectiva los casos de Julio Jalit, quien pasó de empleado de estación de servicio a multimillonario hacendado, terrateniente y empresario de transporte porque era "inteligente para robar", según su propia autodescripción. Pero también jefes comunales como Manuel Cornejo, quien tras lograr varias suspensiones ahora es juzgado; Enrique Prado, Angelina Canchi o Eduardo Díaz, por mencionar algunos en distintas regiones de la provincia.

Hace solo un par de días fue condenada Angelina Lucía Canchi, exintendenta de Isla de Cañas, por los delitos de usurpación por continuación arbitraria en el ejercicio del cargo, fraude en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta y por supresión de documentos, peculados reiterados (cuatro hechos), todos en concurso real.

Canchi fue condenada a la pena de cuatro años de prisión efectiva, que ya cumple en la Unidad Carcelaria 9 de Orán, e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos en la administración pública.

Poco más de seis meses pasaron desde que, el 12 de diciembre del año pasado, el Tribunal de la Sala I condenó al exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando "Kila" Gonza, como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y peculado de trabajos y servicios, todos en concurso real.

Tras la sentencia, el exjefe comunal cumplirá la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, y además se le impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

En el mismo juicio también fue condenado Sergio Armando, quien se desempeñara como secretario de Obras Públicas durante la gestión de Gonza, a la pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional como autor de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa (dos hechos) y partícipe necesario de peculado de trabajos y servicios, todos en concurso real.

Un hecho escandaloso que puso a Salta en las primeras planas de medios nacionales fue el caso de corrupción protagonizado por el condenado exintendente de Aguaray: Enrique Prado, quien fue uno de los autores de un plan criminal mediante el que se robaron caños del Gasoducto NEA y se comercializaron por montos largamente superiores a los 13 millones de dólares.

Prado está condenado, y la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme la sentencia, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de robo agravado en despoblado y en banda.

Por otra parte, el exintendente de Angastaco, Eduardo Díaz, fue condenado mediante un juicio abreviado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de peculado en calidad de autor.

Mientras que su esposa, Alicia Elvira Ríos, deberá purgar dos años y tres meses por ser hallada culpable de ser partícipe necesaria del peculado y como autora del delito de falsificación de instrumento público.

En 2020 la Auditoría General de la Provincia (AGPS) presentó una denuncia en la que daba cuenta de irregularidades del manejo de los fondos del municipio de Angastaco por parte del intendente saliente. El organismo detectó que la Hostería municipal era administrada desde diciembre de 2017 por la esposa del exintendente sin contrato de concesión, y el responsable de cobranzas del establecimiento no estaba registrado.

Además la mujer, quien fuera designada secretaria de Acción Social, utilizaba su cuenta personal de Mercado Pago para acreditar las cobranzas de tarjetas de crédito correspondientes a reservas efectuadas por los huéspedes.

En juicio

Manuel Cornejo, exintendente de Campo Quijano, es juzgado actualmente por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado (cuatro hechos), todo en concurso real, junto a su exsecretaria de Hacienda Carmen Rosa Méndez, quien enfrenta cargos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y peculado, todo en concurso real.

La causa contra Cornejo se inició en enero de 2020, cuando Oscar Folloni, actual intendente de Campo Quijano, presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) por la falta de registros contables de los fondos municipales durante los períodos comprendidos entre los años 2017 y 2019.

Manuel Cornejo, exintendente de Campo Quijano.

Tiempo después, un informe de la Auditoría General de la Provincia reveló la ausencia de documentación que respaldara los gastos realizados, el incumplimiento de la normativa financiera y la falta de transparencia en la gestión pública de los fondos.

Además, se constató la falta de registros contables que permitieran determinar el destino real de los fondos asignados durante la gestión de Manuel Cornejo y verificar la legitimidad de los gastos.

Finalmente, y tras ser suspendido en cuatro ocasiones, se dio inicio al juicio contra Cornejo y Méndez.

Algunos de los imputados logran extender los procesos

Algunos de los intendentes imputados por corrupción aún no tienen fecha de juicio.

En el caso del actual senador provincial e intendente electo por Rosario de Lerma, Sergio "Topo" Ramos, está imputado por desvío de fondos públicos, pero la Justicia nunca pudo avanzar en la causa ya que el Senado provincial lo blindó.

La causa data del 2013, cuando era intendente de Rosario de Lerma, y se lo acusa de peculado por el desvío de poco más de 340 mil pesos que en 2013 equivalían a 62.271 dólares, monto que, a dinero de hoy, son 16.704.816 pesos a valor oficial del dólar y más de 31 millones de pesos al dólar blue. Este dinero se lo había enviado la Provincia para la construcción de dos viviendas que nunca se ejecutaron.

Julio Jalit, tristemente célebre por afirmar que "hasta para robar hay que ser inteligente y yo me considero inteligente", está denunciado por enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y peculado, entre otros delitos como intendente de Pichanal. En octubre pasado, el juez Francisco Oyarzú decidió la elevación a juicio, aunque aún no hay fecha.

No solo hechos vinculados a los desvíos de fondos

Carlos Villalba, exintendente de Salvador Mazza, y Juan Rosario Mazzone, exjefe comunal de El Bordo, fueron intervenidos y apartados de sus cargos por hechos vinculados a la trata de personas y a la corrupción de menores, respectivamente.

El 15 de agosto de 2013 Carlos Villalba fue sorprendido en un prostíbulo de la capital salteña donde se explotaba y facilitaba la prostitución.

Durante el procedimiento realizado por agentes de la AFIP y de la Policía Federal, se detectó la presencia de dos chicas que habían sido trasladadas hasta el lugar por el cuestionado dirigente del Partido Renovador de Salta.

El exintendente, que tuvo 6 años de gestión, también sintió el peso del procesamiento que le dictó el juez de Instrucción Nº 1 de Tartagal, Nelso Aramayo, por el delito de peculado, causa impulsada por el Concejo Deliberante anterior a partir del primer informe lapidario de la Auditoria General de la Provincia que detectó más de un centenar de irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la Municipalidad, con un faltante en efectivo de alrededor de 16 millones de pesos.

En el caso de Mazzone, fue condenado el 17 de febrero de 2017 por los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por resultar autor penalmente responsable del delito de corrupción de menores.

Mazzone había quedado envuelto en un escándalo en enero de 2015, cuando aparecieron fotos suyas vestido solo con un slip junto a dos chicas de 15 y 17 años de edad que se retrataron en ropa interior en su residencia. El entonces intendente sostuvo que no tenía conocimiento de la edad de las chicas y aseguró que se trataba de una "operación política de la oposición".

Ambos fueron candidatos en sus pueblos luego de enfrentar a la Justicia.

Irregularidades en gestión

El exintendente de Salvador Mazza Rubén Méndez está imputado por varios hechos de corrupción, entre ellos asociación ilícita, peculado (3 hechos), enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de presentar las declaraciones juradas patrimoniales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Rita Carreras, exintendenta de Coronel Moldes, por su parte, está imputada por varios hechos de corrupción, ocurridos mientras se desempeñaba como intendenta de Coronel Moldes. Entre las irregularidades figuran la venta de un tractor de la comuna a un precio tres veces menor al de mercado, el destino de $1.379.800 que el municipio recibió para un vehículo, entre otras.

• Anterior
• Siguiente