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Que se haya incluido a los funcionarios públicos y que la sanción que se pueda imponer sea hasta 25 días de cárcel generó controversia en Salta. La única diputada que votó en contra, Sofía Sierra, advirtió sobre las consecuencias para la democracia "al blindar a los funcionarios públicos", porque se estaría limitando uno de los derechos más importantes, que es el de la libertad de expresión.

La diputada Socorro Villamayor, en el recinto, defendió su proyecto afirmando que con esta situación "viene a proteger a toda la sociedad", porque cuando se difunde una falsa noticia se puede crear pánico social o segmentar una sociedad con una ideología u otra.

Límites

Sin embargo, el límite que propone la legisladora provincial es muy fino. Sebastián Aguirre Astigueta, abogado consultor en Derecho Constitucional, expresó a El Tribuno que el intento de proteger a funcionarios públicos de noticias falsas es peligroso para la libertad de expresión y de prensa.

"Ya de entrada genera una presunción de inconstitucionalidad. Es un tema controvertido, porque la Constitución impide que vos dictes legislación sobre cuestiones de libertad de expresión. En Argentina se ha derogado en temas de interés público la calumnia e injuria a periodistas, después del caso Kimmel. Es decir, el país avanzó en el sentido de sacar la cuestión penal cuando está en juego la libertad de expresión y está en juego el honor de funcionarios públicos. Entonces siempre se es muy cuidadoso en esta legislación", aseguró.

Para el abogado poner una contravención contra fake news es "realmente insólito", y además le parece que es "peligroso" y que atenta contra la libertad de expresión, porque obliga a la gente a chequear una información para retransmitirla. "A mí me parece que no va en beneficio de la libertad de expresión esto, sino todo lo contrario", agregó Aguirre Astigueta.

Si los senadores no advierten que se lesiona el derecho a la libre expresión y se aprueba en las próximas semanas en la Cámara Alta este proyecto, el abogado planteó dos hipotéticos escenarios sobre lo que podría pasar con esa modificación al Código Contravencional de Salta.

"Si los senadores la sancionan yo creo que el gobernador, ya con el ejemplo del caso de las protestas sociales (ley antipiquete), podría vetar parcialmente parte de la ley. Creo que tendría que hacer algo así en el artículo 50. El segundo escenario es judicial, donde cualquier persona, creo que especialmente periodistas, tendrían que plantear la inconstitucionalidad. Acá la libertad de expresión es algo preferido, es algo estratégico, se prefiere que exista el mayor debate posible con todas las ideas, aún las falsas, para que en el contexto estén todas las ideas, uno elija y no que se censure con este control de chequear la información", explicó.

El abogado insistió que con la libertad de expresión la idea es que "todo circule", y que después el que hizo algo mal responda civilmente, y "cada vez menos" penalmente.

"Los periodistas prácticamente ya no tienen una sanción penal, pero sí civil. Si vos realmente te equivocaste con algo viene la responsabilidad civil. Pero reitero, el eje de todo esto es que aun la noticia falsa tiene que circular para poner en valor la noticia verdadera. Si hay que verificar todo no tendría que circular información", expresó.

Aguirre Astigueta detalló que en la ley contravencional, por la mera denuncia que se realice va a intervenir un fiscal y un juez de Garantías, "criminalizando" al que difundió la información.

"La noticia falsa como la noticia verdadera, como la opinión buena o mala sobre la conducta de un funcionario, todo eso tiene que circular en la agenda pública, en el mercado de las ideas, como quiera que lo llamemos. Si no, ¿quién hace el filtro sobre la verdad?", finalizó el abogado.