Se presentó una iniciativa en el Senado para evitar que educadores y trabajadores con denuncias estén cerca de los chicos.

La senadora Leonor Minetti, del departamento de Rosario de Lerma, presentó un proyecto de ley que busca prohibir que personas con antecedentes por delitos contra la integridad sexual trabajen en colegios o escuelas públicas y privadas, debido al contacto extremo con menores y el riesgo que esto genera. La iniciativa fue titulada como ley para "Escuelas y Colegios Seguros".

"Esto incluye a docentes, personal de limpieza, auxiliares administrativos, directivos y personal en general. El objetivo principal es garantizar la seguridad e integridad de los niños y jóvenes en el entorno escolar. Hay numerosos casos en diferentes puntos de la provincia de gente condenada pero con condicional que sigue en el sistema educativo de una u otra forma. No es seguro para nuestros niños. El estado debe proteger la integridad de todos, más aún de nuestros chicos", explicó Minetti.

Certificados de antecedentes

Los aspirantes a cargos de docentes y todo el personal que trabaje en contacto con menores deberán presentar certificados de antecedentes provinciales y nacionales que demuestren la ausencia de delitos contra la integridad sexual. Además se solicita una actualización anual: Al inicio de cada ciclo lectivo, se requerirá un certificado de antecedentes penales actualizado. Los establecimientos que no cumplan con estas normativas podrán ser sancionados con la reducción de aportes estatales o la exclusión del sistema educativo provincial.

Vecinos de diferentes localidades del Valle de Lerma se han expresado diversas opiniones en las redes sociales sobre este proyecto, que está en debate en la Cámara de Senadores de Salta

Durante mucho tiempo y con fuertes cuestionamientos de padres de alumnos, se ha solicitado la prohibición para imputados e incluso condenados por abuso sexual que continúen trabajando en las escuelas, frente a alumnos de entre 5 y 12 años. Varios de estos procesados continúan en el sistema educativo, trasladados a otras escuelas o reubicados en las mismas oficinas del Ministerio de Educación de la Provincia.

Preocupación social

El argumento es que, para los que no tienen una sentencia firme, o con condicional a pesar de haber sido condenados, pueden seguir en sus trabajos porque son el sustento de sus familias. Sin embargo, aunque muchos los envían a escuelas distantes de los establecimientos donde fueron denunciados, persiste la preocupación social sobre quiénes deben estar al frente de las aulas o en cualquier área de las escuelas. Por lo visto, esta ayuda legal y administrativa, tiene los días contados.

Entre los comentarios en las redes estuvo el de Sonia Mariel Ibañez, quien afirmó: "Lo justo sería que en todos los ámbitos sea factible este proyecto. ¿Por qué solo en educación?". Néstor Castro dijo: "Pedir antecedentes penales para trabajar es discriminatorio. Todos sabemos quiénes son los acosadores y no están solamente en las escuelas". Daniel Yapura sostuvo: "Debería haber un examen psicológico y profesional todos los años para los que trabajan en las escuelas".

"No puede estar a cargo ningún docente o no docente que tenga antecedentes ni esté trabajando en la misma escuela teniendo en cuenta que nosotros tenemos que proteger la integridad de los niños y de los jóvenes y eso está sobre todas las cosas. Se trata de que el Ministerio de Educación tenga un respaldo en la norma que se pueda aplicar. Y eso va a resolver muchos de los casos que preocupan a toda la población", remarcó la senadora Minetti.

Fuente: El Tribuno

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