La maniobra afectaba la presión del recurso hídrico y generaba serios perjuicios ambientales y productivos. Se realizó un allanamiento en la zona de Finca Carabajal.

Las actuaciones se originaron a partir de la denuncia de un propietario de tierras que señaló que algunos vecinos del área conocida como Corralito estarían desviando el curso del agua con el propósito de beneficiar a sus propias fincas, alterando la distribución natural y afectando seriamente el suministro hacia su propiedad.

El denunciante indicó que, debido a estas maniobras, la densidad y presión de agua que debería llegar a su finca se ve disminuida, lo que impacta en la productividad y el mantenimiento de sus tierras. Esta denuncia fue avalada tanto por el Consorcio de Usuarios de la Finca El Corralito como por la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia, quienes constataron el perjuicio ocasionado.

Como resultado de la investigación llevada adelante por la Fiscalía de Rosario de Lerma  y con la autorización del Juzgado de Garantías N°4, este miércoles se llevó a cabo un operativo en un domicilio de la zona de Corralito, ubicada a 30 kilómetros de Rosario de Lerma. Participaron agentes de la Dirección General de Investigaciones, quienes contaron con el apoyo de maquinaria pesada para proceder a la clausura definitiva de una acequia ilegal que atravesaba el lugar.

Durante el allanamiento, se utilizó una retroexcavadora para anular la acequia, la cual presentaba aproximadamente un metro de ancho, 40 centímetros de profundidad y una extensión de 180 metros. La labor fue documentada por el personal de Criminalística, quien realizó registros fotográficos y planimétricos para dar cuenta del proceso.

Además, mientras se encontraba presente el denunciante, se identificaron otras tres acequias ilegales en la zona, por lo que se realizaron inspecciones oculares y se tomaron las pruebas necesarias. El Fiscal señaló que, con base en estas nuevas evidencias, se elaborará un informe detallado y se evaluarán las medidas a seguir.

El fiscal Daniel Escalante resaltó que el desvío ilegal del agua no solo constituye un delito de turbación a la propiedad, sino que también acarrea serios perjuicios ambientales y productivos para la comunidad, como la pérdida de cultivos y la afectación de la calidad del suelo en fincas vecinas, la disminución de la disponibilidad de agua para otros productores que dependen de este recurso para el riego y el consumo de ganado, y el desequilibrio ecológico que altera el flujo natural de los ríos y arroyos de la zona; por estos motivos, la fiscalía continuará con la investigación para identificar a los responsables y poner fin a estas prácticas que afectan a toda la región.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MPFS

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