La Asociación de Periodistas de Salta (APeS) manifestó en un documento su enérgico repudio a la denuncia penal presentada por Abel Cornejo, actual asesor del gobernador Gustavo Sáenz, contra el periodista Daniel Murillo.

El caso reactiva el debate sobre la libertad de expresión, un derecho fundamental en toda sociedad democrática.

Los hechos detrás de la denuncia

Abel Cornejo, exministro de Seguridad de Salta, denunció penalmente al periodista Daniel Murillo por declaraciones realizadas en su programa radial emitido por FM Infinito. Según consta en la denuncia y en las grabaciones presentadas ante la Justicia, Murillo vinculó a Cornejo con la imputación del abogado Pablo Cardozo Cisneros y con la investigación de la muerte de Darío Monges. Cornejo argumentó que Murillo intentó involucrarlo intencionalmente en el caso, basándose en supuestas afirmaciones sobre grabaciones donde se escucharía su voz. Como parte de las pruebas, se incluyó un artículo periodístico en el que el abogado señalado reconoce que la voz en las grabaciones pertenece a Monges y no a Cornejo. Sin embargo, el exministro sostiene que las declaraciones del periodista fueron malintencionadas y dañinas para su reputación.

La preocupación por un ejercicio libre del periodismo en Salta

En un comunicado oficial, la Asociación de Periodistas de Salta rechazó categóricamente la denuncia penal, calificándola como un intento de intimidar a la prensa y de limitar el derecho a la libertad de expresión. APeS destacó que este tipo de acciones judiciales representan una amenaza directa al pluralismo informativo y al ejercicio periodístico en un sistema democrático. “La utilización de mecanismos judiciales para amedrentar a periodistas en defensa del supuesto ‘honor’ de funcionarios públicos es una práctica preocupante”, expresó la asociación. Además, recordó que los periodistas tienen la obligación de informar sobre temas de interés público, incluso cuando involucran a figuras políticas. APeS subrayó también que las denuncias de este tipo deben analizarse cuidadosamente, ya que pueden sentar precedentes negativos en la relación entre el periodismo y el poder. “El periodismo no es responsable por las declaraciones de terceros, y la labor informativa debe ejercerse sin temor a represalias”, añadieron.

La denuncia contra Murillo se produce en un momento de crecientes tensiones entre el ejercicio del periodismo y las figuras públicas en Salta. Este caso pone otra vez en la mesa del debate el derecho de la prensa a informar sobre temas de interés ciudadano. El comunicado de APeS insistió en que los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio de la ciudadanía y que las denuncias judiciales no deben convertirse en un arma para limitar el debate público. “Las acusaciones de actos irregulares contra figuras públicas, como Cornejo, deben ser investigadas por la Justicia, mientras el periodismo tiene la responsabilidad de informar con rigor y precisión”, expresó la asociación.

Compromiso: libertad de prensa

La denuncia de Abel Cornejo no solo pone en el centro de atención las dificultades que enfrentan los periodistas para ejercer su labor en contextos adversos, sino que también plantea interrogantes sobre el rol de las figuras públicas en la defensa de la transparencia y el debate público.

La Asociación de Periodistas de Salta reafirmó su compromiso de acompañar a Daniel Murillo y a todos los trabajadores de prensa que enfrenten represalias por cumplir con su labor informativa. APeS aseguró que seguirá de cerca el desarrollo de este caso, al tiempo que exigió el respeto irrestricto a los derechos de los periodistas.

“Garantizar la libertad de expresión es esencial para el pluralismo informativo y la participación ciudadana en una democracia. El amedrentamiento a la prensa no solo afecta a los periodistas, sino que también debilita los derechos fundamentales de la sociedad en su conjunto”, concluyó la asociación.

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