En diálogo telefónico con Radio Quijano, el diputado provincial Juan Esteban Romero reiteró su compromiso con el proyecto de ley que presentó en noviembre de 2024 en la Cámara de Diputados de Salta, el cual propone la implementación de controles antidrogas obligatorios para todos los funcionarios públicos de la provincia.
La iniciativa legislativa establece la realización de rinoscopias y análisis bioquímicos periódicos, con el objetivo de garantizar que los representantes del Estado no mantengan vínculos con el consumo de sustancias ilegales. Sin embargo, pese a la relevancia del tema, el proyecto aún no ha sido tratado en el recinto, y según Romero, «hay resistencia para ponerlo en la mesa de discusión».
“Alguien no puede dictar políticas o programas en contra del narcotráfico y al mismo tiempo tener vínculos con el consumo de drogas. Si tenemos funcionarios transparentes y comprometidos con la ciudadanía, no debería haber ningún tipo de problema para que este proyecto avance”, expresó el legislador salteño durante la entrevista.
Objetivos del proyecto de ley
El proyecto apunta a:
- Promover la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública.
- Fortalecer la lucha contra el narcotráfico, evitando que funcionarios estén vinculados al consumo de estupefacientes.
- Restablecer la confianza ciudadana mediante mecanismos preventivos y de control.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Provincia, que coordinará los exámenes médicos en hospitales públicos. En caso de resultados positivos, se prevé el derecho a una contraprueba dentro de los diez días hábiles, respetando estrictas normas de confidencialidad.
Además, el proyecto contempla sanciones severas: el cese inmediato para funcionarios designados y la revocación del mandato para aquellos electos, conforme a los procedimientos establecidos por la Constitución Provincial.
Romero también adelantó que algunos legisladores mostraron interés en retomar la iniciativa y llevarla al recinto en los próximos meses. Asimismo, la propuesta invita al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los municipios de Salta a adherirse a la normativa, lo que podría sentar un precedente inédito en el país en materia de gobernanza ética.
“Yo creo que la política es un pequeño grano de arena para luchar contra este flagelo. Estoy convencido de que hay sentido común y voluntad social para avanzar con esto”, concluyó Romero.
Desde Radio Quijano, seguiremos de cerca la evolución de este proyecto, clave para el fortalecimiento institucional y la lucha contra las drogas en el ámbito público.
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