En una entrevista telefónica con Radio Quijano, Enrique Eguez, vecino de La Silleta, expresó su preocupación y malestar ante lo que considera una “persecución política” por parte del municipio, situación que —según afirmó— derivó recientemente en la clausura de su comedor.
Eguez sostuvo que desde hace tiempo siente que es objeto de controles reiterados e injustificados, pese a que ya no participa en la actividad política. “Esto no es contra mí solamente, perjudica directamente a las personas que trabajan conmigo”, señaló, haciendo hincapié en la pérdida de fuentes laborales, algunas de ellas correspondientes a madres solteras que dependen de ese ingreso como sustento principal.
Según relató, los inconvenientes comenzaron cuando desarrollaba su actividad en un carro de comidas y continuaron al establecer el comedor. En ese contexto, apuntó contra su media hermana, María Emilia Trujillo, quien —de acuerdo a sus declaraciones— habría solicitado al Ejecutivo municipal la clausura del lugar.
El vecino también denunció que el local fue objeto de inspecciones frecuentes y, en algunos casos, con requerimientos que calificó como “excesivos”. Entre ellos, mencionó la exigencia de contar con un matafuego de color amarillo, lo que le llamó la atención ya que, tras consultar, le indicaron que ese tipo de extintores se utiliza para explosivos.
La situación se definió días atrás con la clausura del comedor. Consultado sobre si existe alguna resolución judicial que le impida utilizar el inmueble para su actividad comercial, Eguez indicó que el tema se encuentra en manos de sus abogados y que prefiere “dejarlo en manos de Dios”.
Asimismo, explicó que el inmueble donde funcionaba el comedor está en proceso de juicio sucesorio. En ese marco, su media hermana sostiene tener la mayor parte de la propiedad, lo que —según Eguez— le impediría continuar trabajando allí.
Finalmente, el entrevistado se comprometió a enviar documentación a la emisora para respaldar sus declaraciones, mientras lamentó profundamente el impacto de la clausura en las familias que dependían del emprendimiento.
El caso abre interrogantes sobre el accionar de los organismos de control y la posible existencia de conflictos personales o políticos que podrían estar influyendo en decisiones administrativas.
Al cierre de la presente edición no llego ninguna documentación prometida por el Sr. Enrique Eguez.
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