La secretaria de Hacienda de la Municipalidad, CPN Mercedes Coria, comparecerá hoy ante el Concejo Deliberante para responder el cuestionario elaborado en el marco del tratamiento de la Cuenta General del Ejercicio 2025. Sin embargo, la convocatoria llega en medio de una fuerte polémica por el contenido de las preguntas aprobadas y por el rechazo del oficialismo a incorporar nuevos requerimientos de información.
Durante la vigésimaprimera sesión ordinaria, los concejales Nicolás Martínez Museda, Mirta Copa y Nicolás Montero aprobaron un cuestionario que, según la oposición, resulta insuficiente para ejercer un control efectivo sobre la administración de los recursos públicos.
La oposición pidió ampliar el cuestionario
La concejal Lorena Torres, entrevistada por Radio Quijano 99.9, explicó que propuso girar el expediente a comisión para incorporar preguntas más específicas y solicitar documentación respaldatoria que permitiera verificar la información contenida en la Cuenta General.
Según indicó, la iniciativa buscaba requerir informes escritos, certificaciones de obra, expedientes administrativos y otros documentos que respaldaran los gastos e ingresos informados por el Ejecutivo.
No obstante, aseguró que el concejal Nicolás Martínez Museda rechazó esa posibilidad, pidió pasar directamente a votación y, junto a Mirta Copa y Nicolás Montero, impidió que el proyecto fuera enriquecido con nuevos pedidos de información.
«Ya sea una resolución o un pedido de información, está muy liviano y no solicita documentación de respaldo. No quisieron mejorarlo», expresó Torres.
Una mayoría que define las votaciones
La discusión se produjo luego de que el concejal Nicolás Montero se incorporara al bloque que acompaña al intendente Lino Yonar, conformando una mayoría oficialista de cuatro de las siete bancas del Concejo Deliberante.
Para la oposición, esa nueva composición quedó reflejada en la votación, donde fueron rechazadas las propuestas destinadas a fortalecer los mecanismos de control.
Los números que despiertan interrogantes
Entre la información difundida de la Cuenta General del Ejercicio 2025 figuran ingresos por impuestos, coparticipación y tasas municipales, además de diversas partidas de gastos destinadas a obras, mantenimiento, servicios y programas sociales.
Entre algunos de los gastos informados se encuentran:
- Limpieza del Dique Las Lomitas: $52.500.000
- Obra de rebacheo del Dique Las Lomitas: $16.266.635
- Mantenimiento y reparación de calles Ejido Municipal: $281.831.333
- Plan Municipal de Bacheo: $114.849.025
- Tercerización de obra en Avenida Pavón y calle Islas Malvinas (La Silleta): $176.174.869
- Reparación de escuelas: $126.881.650
- Publicidad: $34.138.750
- Alquileres de vehículos y maquinarias: $105.315.000
Asimismo, entre los ingresos informados aparecen montos provenientes de impuestos municipales, coparticipación provincial y nacional, tasas, multas y distintos programas y convenios.
Las preguntas que quedaron pendientes
Desde la oposición sostienen que el cuestionario aprobado no exige documentación que permita corroborar cómo se ejecutaron esos recursos.
Entre los puntos que, según Torres, deberían haber sido incorporados figuran:
- Expedientes completos de contratación.
- Certificaciones de avance y recepción de obras.
- Informes técnicos.
- Órdenes de compra y adjudicaciones.
- Documentación respaldatoria de los gastos ejecutados.
- Detalle de los criterios utilizados para determinar los montos informados.
Una sesión clave para el control de las cuentas públicas
La presencia de la secretaria de Hacienda será uno de los momentos más importantes del tratamiento de la Cuenta General del Ejercicio 2025, ya que permitirá conocer las respuestas del Ejecutivo sobre la administración de los recursos municipales.
Sin embargo, el eje del debate no pasa únicamente por las respuestas que pueda brindar la funcionaria, sino también por el alcance del control que ejerce el Concejo Deliberante.
La discusión política instalada es si el cuestionario aprobado constituye una verdadera herramienta de fiscalización o si, como sostiene la oposición, dejó pasar la oportunidad de exigir información y documentación que permita a los concejales y a los vecinos evaluar con mayor profundidad la ejecución de los fondos públicos.