Un clima tenso se vive por estos días en Juramento 99, dentro de la sede gremial de la Asociación Docente Provincial.

La comisión directiva convocó hoy a una conferencia de prensa para responder a un dictamen que suspende las convocatorias a asamblea emitido por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

La medida se da en el marco de un reclamo de irregularidades en los llamados a asamblea del gremio, presentada a través de la abogada, Gabriela Arancibia en la tarde del lunes 13 de diciembre, por docentes alineados al espacio Súmate, lista opositora a la actual conducción de ADP. 

La respuesta legal contra esta medida, vino de la mano de la apoderada de ADP Flavia Calvente, quien aclaró a Nuevo Diario, que desde el gremio se dio cumplimiento a todos los requerimientos en cuanto a la convocatoria por lo que mantiene las convocatorias a asamblea para el 19 de diciembre.

No obstante, con los plazos acotados y en caso que no se cumpliera con la suspención por ciertos artilugios legales de la ADP, fuentes allegadas al Ministerio de Trabajo, dijeron a este medio, que ese acto podría ser impugnado.

Según el documento expedido por la cartera estatal, la ADP incumplió con requisitos necesarios en la promulgación del acto asambleario e intimó a que se realicen publicaciones de la convocatoria en los diarios de mayor circulación provincial.

Por este motivo, y con el fin de evitar posibles impugnaciones a futuro, es que el ministerio remarca que antes de realizar las asambleas, se deberà cumplir con los señalamientos realizados sobre la publicidad del acto.

El dictamen no suspende la asamblea

Como respuesta, la abogada mostró un ejemplar del diario El Tribuno donde figura el llamado a asamblea del gremio con una fecha anterior a los días estipulados.

“El dictamen en ningún momento suspende la asamblea, lo que hace es decir que supuestamente no hemos cumplido con los plazos”, aseveró al respecto Calvente.

Para la letrada, lo resuelto por el ministerio entra “en contradicción” ya que desde el gremio se habría presentado el día 2 de diciembre a la cartera estatal una copia de la documentación certificada, donde incluían los ejemplares del diario y de la publicación en el boletín oficial.

Con estos argumentos, la apoderada contestó mediante un escrito a lo dictaminado por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, a cargo de Mónica Flores Risotto, y reconfirmó nuevamente el llamado a asamblea a realizarse el 19 de diciembre.

“Yo estimo que a la directora, que es una persona que maneja todas las asociaciones sindicales del país le deben poner los papeles para que firme y no debe haber visto” opinó Calvente quien consideró como un error al dictamen.

Por otro lado, la apoderada manifestó que ha pedido sanciones para el asesor legal del ministerio, Luis Oscar Perez Ramón, quien fue el abogado que realizó el sustento legal del dictamen.

“Yo en la nota he pedido que se sancione al abogado que ha dictaminado porque el debería haber hecho por lo menos un cruce de datos con la base informática” afirmó Calvente.

Consultada por las denuncias que afirman que se han ocultado de la oposición los balances contables, la abogada respondió afirmando que el estatuto los obliga a ponerlos a disposición del público veinte días antes del acto asambleario, cosa que han cumplido, no así entregar copias de los mismos.

“Más de 200 personas ya consultaron el balance. Lo que no nos autoriza a nosotros el estatuto es a entregar copias y tampoco podemos entregar copias de más de 6 mil hojas. Puede venir cualquier docente afiliado y verlo” explicó Calvente.

Ante la posibilidad que se inicien acciones legales por grupos opositores si se realizan las asambleas el 19 de diciembre, Calvente exclamó “que hagan lo que tenga que hacer, que acá se le va a responder con los papeles en la mesa”.

“Nosotros hemos cumplido con todo, y vamos a seguir cumpliendo porque queremos demostrar que la comisión que quedó no es Patricia Argañaraz” sentenció.

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