El trabajo federal del Comité Ejecutivo también se refleja en las 42 ordenanzas sancionadas sobre cupo laboral y/o difusión obligatoria de cartelería visibilizando la línea 145, además de leyes provinciales.

Los concejos deliberantes de Rosario de Lerma, en Salta y Monteros en Tucumán sancionaron ordenanzas en las que reservan el 1 % de los cargos disponibles en el Municipio para promover la inclusión laboral de las víctimas rescatadas del delito de trata de personas. También prevén la capacitación obligatoria y remunerada de quienes no tengan antecedentes laborales y/o educativos y en todos los casos se garantiza la confidencialidad de los datos de quienes las personas afectadas.

Con estas dos ordenanzas ya son 19 los municipios en 9 provincias, que han sancionado normas que garantizan capacitación y acceso al empleo para víctimas de trata. En el caso de la provincia de Salta, Rosario de Lerma es el sexto municipio que se suma a lo que ya votaron Mosconi, Hipólito Irigoyen, Pichanal, Colonia Santa Rosa y Apolinario Saravia. En Tucumán, Monteros sigue los pasos de San Miguel de Tucumán.

Estas ordenanzas se complementan a las leyes provinciales que ya sancionaron las provincias de Chaco y Catamarca para garantizar la inclusión laboral de víctimas de trata tanto en el ámbito público como privado. En las legislaturas provinciales de Neuquén, Salta, Jujuy y Santa Cruz hay proyectos similares en tratamiento parlamentario.

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