Tras darle media sanción al proyecto de Ley que propone la incorporación al Código Contravencional de la provincia sanciones a la violencia digital y la difusión de fake news, la diputada provincial, Sofía Sierra, explicó por qué votó en contra.

Por Profesional FM la diputada provincial, Sofía Sierra, detalló que en el primer artículo de la ley se incluye cinco artículos al Código de Contravención de Salta, señaló que los primeros cuatro primeros “son polémicos” y el último “es inconstitucional”.

Sostuvo que en primer apartado, se intenta legislar acerca de la difusión de imágenes íntimas sin el consentimiento de la otra persona, lo cual consideró controvertido, por tratarse de un delito penal cuya potestad es de Nación y no del Gobierno Provincial.

En otro punto, señaló que sus pares intentaron tipificar este tipo de delitos a nivel provincial, no obstante, indicó que se está dirigiendo a nivel nacional el proyecto Olimpia y el proyecto Belén, en contra de la violencia digital. Dijo que, puede ser un error que se legisle localmente, cuando quizás se podría incurrir en contradicciones con un proyecto nacional.

Por otra parte, advirtió el peligro que genera bajar de categoría delitos cibernéticos a meras contravenciones, en consonancia con otros especialistas constitucionales, que se expresaron sobre la ley.

Sierra denunció que el proceso legislativo fue irregular, ya que los proyectos llegan al acta de labor sin tener dictámenes de comisión con la debida anticipación, lo cual dificulta un análisis profundo y una consulta adecuada sobre los temas en cuestión.

Además, explicó que este tipo de contenidos deben ser tratados en el ámbito civil y no penal, ya que la libertad de expresión debe prevalecer en la difusión de temas relacionados con lo público.

Sierra se refirió principalmente al artículo 50, que prevé sanción, arresto o multa de hasta 25 días, al que creara o difundiere noticias falsas sabiendo que lo son, dentro del aspecto digital, con el fin de infundir pánico, desacreditar personas u autoridades oficiales, generar desordenes o tumultos.

Según la legisladora, quien consultó con abogados, fiscales y jueces, este es un “artículo totalmente inconstitucional y muy peligroso para la democracia blindar a funcionarios públicos ya que va en contra de los estándares de libertad de expresión que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Derechos Humanos”.

En este sentido, citó lo establecido en el Código Penal acerca de los delitos de injurias y dijo que ya existe una doctrina consolidada que establece, cuando hay difamación por noticias falsas sabiendo que lo son,  se puede reclamar por daños y perjuicios dentro de lo civil, nunca por lo penal.

Fuente: FM 89.9 Profesional

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