En la sesión de la Cámara de Diputados de Salta, se rechazó nuevamente el intento de tratar el proyecto de ley que propone la derogación de la Ley provincial 8101, la cual se promulgó una vez vencido el plazo de tratamiento del Decreto provincial de Necesidad y Urgencia 255 de 2020.

La norma establece las restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19 y otorga facultades extraordinarias a la policía provincial y fue objetada por ser inconstitucional.

En el inicio de la sesión, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y diputada por Orán, Jorgelina Juárez, señaló que recientemente se reunió el Consejo Federal de Derechos Humanos y emitió un documento expresando preocupación debido al aumento de casos de violencia policial.

La legisladora citó parte del documento mencionado y manifestó que “la violencia institucional es un mal de la democracia y hay que generar herramientas que permitan erradicarla. Es necesario un trabajo serio para un cambio y que se sepa que no estamos en contra de las fuerzas de seguridad sino que queremos las fuerzas respeten los derechos humanos”.

Tras ello, los diputados de la oposición plantearon nuevamente el tratamiento sobre tablas y fue rechazado por 35 a 17 votaciones.

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