Desde nuestro lugar como medio de comunicación local, comprometido con la verdad, la pluralidad de voces y el bien común, queremos expresar nuestra profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de Salta que obliga a todos los medios audiovisuales, gráficos e informativos digitales de la provincia a ceder gratuitamente espacio para mensajes producidos por organismos del Estado.
Este proyecto, que hoy se encuentra en Labor Parlamentaria, plantea la cesión obligatoria de tiempo o espacio diario para contenidos oficiales sin ningún tipo de retribución o compensación. Es decir: el Estado no garantiza la pauta para todos, pero quiere imponer contenidos gratuitos.
Como medio local, independiente y autogestionado, ya cumplimos diariamente una función social: informamos, educamos, prevenimos, acompañamos a la comunidad, visibilizamos problemáticas, difundimos campañas solidarias, cubrimos emergencias y damos voz a quienes muchas veces no la tienen. Y lo hacemos sin recibir pauta oficial, sin ser convocados a participar y muchas veces incluso sin que se nos responda cuando solicitamos información pública.
Nos preguntamos:
¿Dónde está la equidad si solo algunos medios “amigos del poder” reciben pauta y otros ni siquiera accedemos a información oficial?
¿Cómo se sostiene un medio local si, además de no recibir apoyo, se le impone una carga adicional sin compensación?
¿Por qué no se discute primero una ley de pauta equitativa y transparente, antes que una ley que nos convierte en reproductores forzados de contenidos estatales?
Queremos dejarlo claro: no nos oponemos a la concientización social. Al contrario: la promovemos todos los días. Pero creemos que se construye desde el diálogo, el respeto mutuo y el reconocimiento del trabajo que hacemos, no desde la imposición legal.
La Constitución Nacional garantiza la libertad de expresión y la autonomía de los medios. Obligar a publicar o emitir contenidos, aunque no tengan tinte político, sin dar voz, participación ni retribución, es una forma encubierta de intervenir y condicionar a la prensa.
Por eso, decimos NO a este proyecto en su forma actual. Pedimos que se revise, se debata de cara a la sociedad, y se garantice primero un sistema justo, participativo y federal de acceso a la pauta oficial.
No queremos privilegios, queremos igualdad. No queremos imposiciones, queremos respeto. No queremos silenciar la voz del Estado, pero tampoco queremos que silencien la nuestra.
La comunicación con sentido social se construye entre todos, no con una ley que manda, sino con una política pública que dialoga, respeta y apoya a quienes sostienen la palabra con esfuerzo diario.
