El oficialismo no pudo avanzar este jueves en Comisión con dos dictámenes que proponían aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2025, el inventario municipal y la ejecución presupuestaria. Los concejales Lorena Torres, Adriana Tolaba y Tomás Falcone se retiraron de la reunión y dejaron sin quórum el tratamiento. La situación impidió que los dictámenes quedaran formalmente aprobados para su eventual tratamiento en la sesión del martes 18 de agosto.
La reunión de Comisión del Concejo Deliberante de Campo Quijano terminó exponiendo una fuerte diferencia entre los concejales respecto del control de las cuentas públicas municipales.
Durante el encuentro estaban previstos, entre otros temas, los dictámenes N.º 37/2026 y N.º 38/2026, vinculados al expediente N.º 502/26. El primero proponía aprobar la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer y cuarto trimestre y al segundo semestre de 2025. El segundo planteaba aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2025 y el inventario y avalúo de los bienes municipales.
Sin embargo, el tratamiento no pudo concretarse por falta de quórum.
Los concejales Lorena Torres, Adriana Tolaba y Tomás Falcone se retiraron de la reunión, cuestionando de esta manera la posibilidad de avanzar con los dictámenes en esas condiciones.
Del pedido de explicaciones a un proyecto de aprobación
El episodio adquiere particular relevancia por lo ocurrido anteriormente en el recinto.
El concejal Nicola Martínez Museda había planteado la necesidad de convocar a funcionarios municipales para formular preguntas y “sacarse dudas” respecto de la Cuenta General 2025. En aquella oportunidad, según sus propias expresiones, la convocatoria no significaba que estuviera anticipando la aprobación de las cuentas.
Pero el contenido del Dictamen N.º 38/2026 muestra ahora una situación diferente.
El proyecto establece expresamente en su artículo 1.º:
“APROBAR en todas sus partes la Cuenta General del Ejercicio 2025”.
Y en el artículo 2.º propone:
“APROBAR en todas sus partes el Inventario y Avalúo correspondiente al año 2025”.
Es decir, aquello que inicialmente había sido presentado como una instancia destinada a formular preguntas y despejar dudas terminó plasmándose en un proyecto de ordenanza que propone aprobar la Cuenta General y el inventario municipal.
Funcionarios presentes, pero documentación que no quedó incorporada
Otro de los puntos que genera cuestionamientos es la documentación respaldatoria.
Los funcionarios municipales fueron convocados y concurrieron a la reunión de Comisión del 6 de agosto. Sin embargo, según lo señalado por los concejales que cuestionan el procedimiento, no quedó incorporada documentación respaldatoria por escrito que permitiera verificar de manera documental los gastos, pagos, contrataciones, ingresos y demás movimientos de los recursos públicos.
La presencia de funcionarios para brindar explicaciones no equivale necesariamente a la entrega de documentación respaldatoria.
Una cosa es responder preguntas verbalmente y otra muy diferente es que el Concejo tenga incorporados al expediente los documentos necesarios para ejercer su función de control.
Por eso, el interrogante que queda planteado es:
¿Sobre qué documentación concreta se afirma en el Dictamen N.º 38/2026 que hubo un “análisis exhaustivo” de la Cuenta General 2025?
El propio dictamen sostiene:
“luego de un análisis exhaustivo por este Cuerpo de Concejales de la Cuenta General del Ejercicio 2025 e inventario con avaluó se ha verificado que se cumplimentado con la normativa vigente”.
La cuestión es determinar qué documentación fue efectivamente analizada y qué constancias quedaron incorporadas al expediente.
¿Se buscaba llegar con todo aprobado al martes 18?
La falta de quórum de este jueves también frustró, al menos por ahora, el camino que permitía que los dictámenes avanzaran hacia la próxima sesión ordinaria del Concejo Deliberante, prevista para el martes 18 de agosto.
De haberse aprobado en Comisión, los dos dictámenes dejaban planteado un escenario concreto: avanzar con la aprobación de la ejecución presupuestaria y de la Cuenta General del Ejercicio 2025.
Pero los tres concejales que se retiraron de la reunión impidieron que ese trámite pudiera completarse.
No fue simplemente una ausencia: la falta de quórum terminó funcionando como un límite institucional para impedir que la Comisión emitiera los dictámenes en esas condiciones.
El rol de los concejales y el control al Ejecutivo
El episodio vuelve a poner en discusión cuál debe ser el papel del Concejo Deliberante frente al Poder Ejecutivo Municipal.
Los concejales no solamente tienen la función de acompañar iniciativas del Ejecutivo. También tienen una responsabilidad institucional de controlar el manejo de los recursos públicos.
En este contexto también aparecen cuestionamientos hacia los concejales Mirta Copa y Nicolás Montero, a quienes se señala por su escasa presentación de iniciativas propias durante los últimos meses y por su actual alineamiento con el oficialismo municipal.
En el caso de Copa, además, se recuerda su voto negativo frente a la designación de asesores para el Concejo y su identificación política con el espacio libertario.
Esto genera una pregunta inevitable:
¿Qué significa ser oposición si, frente al Ejecutivo, se termina acompañando sistemáticamente sus decisiones?
La consigna libertaria “Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada” también queda expuesta al debate cuando se analiza el comportamiento institucional de quienes se reivindican dentro de ese espacio político.
No se trata de aprobar o rechazar por simpatía política
La discusión sobre la Cuenta General 2025 debería estar por encima de las pertenencias partidarias.
No se trata de aprobar porque el intendente lo pide ni de rechazar porque se pertenece a la oposición.
Se trata de controlar.
Para aprobar una cuenta pública debería existir certeza sobre qué se gastó, cuánto se gastó, cómo se gastó, a quién se pagó, qué contrataciones se realizaron, qué ingresos recibió el municipio y cuál es el respaldo documental de cada operación que corresponda verificar.
La presencia de funcionarios puede contribuir a explicar los números. Pero explicar no reemplaza documentar.
Y justamente allí queda planteado el principal interrogante después de la reunión de este jueves:
¿Puede un Concejo Deliberante afirmar que realizó un “análisis exhaustivo” y aprobar una Cuenta General si la documentación respaldatoria necesaria para verificar los movimientos de fondos públicos no quedó incorporada al expediente?
La falta de quórum evitó que hoy se diera ese paso.
Ahora la mirada estará puesta en el martes 18 de agosto, cuando la Cuenta General del Ejercicio 2025 volverá a estar en el centro de la discusión política e institucional de Campo Quijano.
