En Campo Quijano no fue la oposición la que dejó en evidencia al Ejecutivo municipal. Fue el propio municipio. Primero, la Dirección de Medio Ambiente emitió un certificado ambiental apoyado en una ley reemplazada hace años. Después, la Asesoría Legal del mismo intendente dijo, en los hechos, que faltaban trámites esenciales y que así no podía habilitarse nada. El problema ya no es sólo ambiental: es político, administrativo e institucional.
La escena es casi absurda, pero es real. En Campo Quijano, un funcionario municipal firma un Certificado de Aptitud Ambiental Municipal con fecha actual para un emprendimiento sensible como un crematorio de mascotas, y lo hace citando la vieja Ley 1349, una norma reemplazada en 2018 por la Ley 8126. Es decir: no estamos hablando de un expediente viejo ni de un papel olvidado en un cajón. Estamos hablando de un documento actual, emitido en 2026, donde el propio municipio fundamenta una actuación presente con una ley que ya no corresponde.
Eso, por sí solo, ya es grave. Porque cuando el Estado firma, no firma “más o menos”. Firma en nombre de la legalidad, del procedimiento y de la seriedad institucional. Y si un certificado ambiental sale con fundamentos jurídicos desactualizados, lo que queda al descubierto no es un error aislado: queda al descubierto una administración que trabaja con fragilidad, con liviandad o, peor todavía, sin control.
Pero lo más explosivo vino después. Porque el propio intendente Lino Yonar, a través de la Asesoría Legal de su gestión, terminó desautorizando en los hechos lo actuado por su Director de Medio Ambiente. El dictamen legal sostiene que para la habilitación definitiva faltaban trámites esenciales: audiencia pública, acto administrativo específico, dictamen técnico profesional e incluso intervención de la autoridad ambiental provincial en caso de corresponder. O sea: el mismo municipio primero emitió un certificado y después reconoció que el procedimiento estaba incompleto.
Y acá aparece el corazón del escándalo. Porque si faltaban pasos esenciales, entonces alguien firmó antes de tiempo. Y si alguien firmó antes de tiempo, no puede venir ahora el intendente a hacerse el sorprendido, como si estuviera viendo el problema desde la vereda de enfrente. No. El Director de Medio Ambiente no cayó del cielo. Es funcionario de su gobierno. Firma bajo su estructura. Actúa dentro de su administración. Responde a su cadena de mando. Por lo tanto, si el acto estuvo mal, el problema no es solamente de quien estampó la firma. El problema es también de quien conduce políticamente el municipio.
Acá hay apenas dos posibilidades, y las dos dejan muy mal parado a Yonar.
La primera: que su Director de Medio Ambiente haya emitido un certificado delicado, de alto impacto, citando una ley desplazada y sin que estuvieran cumplidos los recaudos que después marcó la propia Asesoría Legal. Si eso fue así, lo que queda expuesto es un nivel alarmante de improvisación, falta de control interno y debilidad administrativa.
La segunda: que el Ejecutivo haya avanzado mientras el tema era cómodo, pero cuando empezó a quedar bajo la lupa, decidió retroceder, despegarse y dejar solo al funcionario que había firmado. Si eso fue así, ya no estamos ante desorden solamente. Estamos ante una maniobra clásica de supervivencia política: cuando el costo aparece, nadie se hace cargo.
En cualquiera de los dos escenarios, el resultado es demoledor. Porque un intendente no puede gobernar con un municipio que se contradice a sí mismo. No puede permitir que un área emita una certificación y que después otra área diga, en esencia, que así no debía haberse hecho. No puede pretender que la sociedad crea en la seriedad de sus actos cuando su propio aparato administrativo primero avala y después relativiza. Y mucho menos en un tema ambiental, donde no se puede jugar a la prueba y error.
Lo verdaderamente preocupante es que este caso muestra un patrón de fondo: un Ejecutivo que parece más atento a salir del paso que a sostener una conducta administrativa firme, coherente y legalmente seria. Porque acá no estamos discutiendo una nimiedad burocrática. Estamos discutiendo si el municipio actuó con el rigor que exige un trámite ambiental o si terminó armando un recorrido improvisado que después tuvo que corregirse desde adentro, a los empujones.
Yonar tiene un problema más grande que un expediente. Tiene un problema de autoridad política. Porque cuando un intendente desconoce en los hechos a uno de sus propios funcionarios, no se despega del problema: se incrimina políticamente en él. Significa que no controló, no ordenó o no quiso asumir a tiempo lo que pasaba dentro de su gobierno. En política, eso tiene un nombre simple: falta de conducción.
Tampoco se puede minimizar el uso de una norma derogada o reemplazada como si fuera apenas un “detalle técnico”. En la administración pública, los detalles técnicos son exactamente lo que separa a un acto válido de un acto cuestionable. Y cuando esos errores aparecen en documentos oficiales, la confianza pública se erosiona. Porque el vecino empieza a preguntarse algo elemental: si ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo sobre qué firmaron, bajo qué ley firmaron y con qué trámite lo hicieron, ¿quién garantiza que el municipio sabe realmente lo que está haciendo?
Lo que ocurrió con este certificado y con el posterior dictamen legal deja una conclusión incómoda, pero inevitable: el Ejecutivo municipal quedó atrapado en su propia contradicción. Primero certificó. Después retrocedió. Primero avaló. Después observó. Primero actuó. Después fingió distancia.
Y eso, en vez de mostrar fortaleza institucional, muestra otra cosa: un gobierno que cuando tiene que elegir entre asumir responsabilidades o buscar un fusible, parece inclinarse por lo segundo.
Campo Quijano merece algo mejor que un municipio que se desdice a sí mismo. Merece un Ejecutivo que no improvise, que no se contradiga y que no crea que puede esconder una crisis administrativa echándole la culpa al funcionario de turno. Porque cuando la firma sale con membrete oficial, la responsabilidad nunca es solamente del que sostiene la lapicera. La responsabilidad también es del que gobierna.
